La exministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, intervino de manera telemática y desde el extranjero en la primera jornada de la fase de práctica de pruebas del juicio político que se desarrolla en la Asamblea Nacional este martes 14 de julio de 2026.
La participación virtual de la exfuncionaria fue confirmada mediante un documento presentado por su defensa, conformada por los abogados Rafael Oyarte e Ismael Quintana, quienes acudieron de manera presencial a la Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador oficialista Ferdinan Álvarez.
Debate por su ausencia física en Ecuador
La ubicación exacta de Manzano generó cuestionamientos durante la sesión. Aunque su defensa únicamente confirmó que la exministra se encuentra fuera del país, el asambleísta interpelante Blasco Luna (RC) señaló que existiría la posibilidad de que esté cumpliendo funciones como delegada consular en España.
La ausencia presencial abrió un debate jurídico sobre la interpretación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Luna argumentó que el artículo 81.1 establece que el funcionario acusado “deberá comparecer”, por lo que considera que la presencia física sería obligatoria.
El legislador cuestionó que la defensa pueda realizarse únicamente mediante una conexión virtual o a través de sus abogados, calificando esta modalidad como una falta de respeto al proceso político. Además, planteó que, si Manzano no retorna al país, debería continuar el juicio en ausencia y aplicarse una sanción política.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), señaló que existía una incertidumbre sobre la comparecencia de la exministra, pero finalmente confirmó su participación mediante videoconferencia.
Álvarez sostuvo que la normativa presenta un vacío sobre la obligatoriedad de una comparecencia presencial, pero recordó que el derecho a la defensa es una garantía constitucional que debe ser respetada. Bajo ese criterio, la comisión permitió la intervención virtual de Manzano para evitar posibles vulneraciones al debido proceso.
Motivos del juicio político
El proceso fue impulsado por los asambleístas Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto, quienes acusan a Manzano de un presunto incumplimiento de funciones durante la crisis eléctrica registrada en Ecuador en 2024.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM), señalada por los interpelantes de haber entregado generadores usados y con fallas técnicas, situación que habría ocasionado pérdidas económicas al Estado cercanas a los USD 70 millones.
Los legisladores también sostienen que existirían otros casos vinculados a presuntas irregularidades en el sector eléctrico, como el caso Progen, que elevarían el posible perjuicio económico a alrededor de USD 170 millones.
Continuación del proceso en la Asamblea
Durante la sesión, Ferdinan Álvarez advirtió que no permitirá que el juicio político se convierta en un espectáculo mediático y señaló que podría suspender la jornada ante actos de interrupción, gritos o insultos.
Los asambleístas interpelantes iniciaron la presentación de pruebas documentales, mientras que el cronograma continuará durante los próximos días con las comparecencias del ministro Roberto Luque, el exministro Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero.
La Comisión de Fiscalización prevé completar la revisión de pruebas y preparar el informe final del proceso hasta aproximadamente el 25 de julio de 2026.