El viernes 28 de agosto, en una resolución unánime, el Tribunal de Juzgamiento de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió sentencia condenatoria contra 20 personas implicadas en la red de corrupción conocida como caso Sinohydro.
Cinco de ellos fueron declarados culpables como autores directos y se les impuso una pena privativa de libertad de cinco años: el expresidente Lenín Moreno, Conto Patiño, Song Dongsheng, Cai Runguo y Yang Huiju.
En el caso de Luciano Cepeda y Henry Galarza, también declarados culpables como autores directos del delito de cohecho, el Tribunal impuso una pena privativa de libertad de tres años.
En este caso, la Fiscalía General del Estado demostró, durante 31 jornadas de juicio, la existencia de una estructura de pagos indebidos vinculada con la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
El Tribunal de la CNJ determinó que 13 personas actuaron en calidad de cómplices, facilitando el flujo de los sobornos a través de cuentas y empresas.12 de ellas recibieron una sentencia de dos años y seis meses de prisión.
Entre ellas está el círculo familiar del expresidente Moreno: Rocío González, su esposa; su hija Irina Moreno G,; los hermanos del exmandatario Guillermo y Edwin Moreno Garcés; y su cuñada Guisella González N..
Durante el juicio, el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, expuso que esta estructura movilizó aproximadamente USD 76,1 millones en pagos indebidos, monto equivalente a cerca del 4% del valor del contrato para la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair.
La investigación permitió establecer que los recursos habrían sido canalizados a través de empresas, intermediarios, transferencias bancarias y supuestos servicios de consultoría y representación.
Entre los elementos probatorios presentados constan registros y movimientos financieros, documentación societaria y comercial, contratos y documentos relacionados con empresas e intermediarios, además de pericias que permitieron establecer las rutas y los beneficiarios de los recursos investigados.
Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó veintinueve testimonios, veinte pericias y noventa pruebas documentales, entre ellas información obtenida mediante mecanismos de cooperación penal internacional.
La sentencia también contempla el pago de una reparación integral individualizada para cada uno de los sentenciados, cuyos montos, en conjunto, superan los USD 163 millones.
Además, deberán ofrecer disculpas públicas y se ordenó la publicación de la sentencia en los portales web de la Vicepresidencia de la República, CELEC EP y la Procuraduría General del Estado.
También se dispuso la suspensión de los derechos de participación durante el tiempo de la condena, en cada caso, y la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos para los exservidores.
La acusación fiscal estuvo a cargo del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, quien durante el juicio expuso la existencia de una estructura destinada a canalizar pagos indebidos relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
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