Para este sábado 29 y domingo 30 de agosto, a las 17:30, el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado convocó a audiencia telemática en la que se notificará la resolución del caso Triple A, en el que están inmersos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros procesados.
De ser hallado culpable, el burgomaestre enfrentaría su segunda sentencia condenatoria.
La Fiscalía acusa Alvarez por el supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles. Además, solicita una sentencia condenatoria de seis años y nueve meses para quienes señala como autores.
Esta diligencia fue convocada después de que el juicio cerrara sus alegatos el 2 de agosto y los jueces entraran en deliberación. La decisión deberá establecer si las pruebas sostienen la acusación o si corresponde ratificar la inocencia de los procesados.
La fiscal Ruth Amoroso ratificó en sus alegatos de clausura la acusación contra el alcalde y otras 21 personas por el presunto delito de comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
Además de la sanción privativa de libertad, uno de los requerimientos de la acusación fiscal es el pago de USD 61,5 millones por concepto de reparación integral. Esta cifra corresponde al supuesto perjuicio económico calculado contra el Estado ecuatoriano por operaciones ilícitas perpetradas entre 2020 y 2024.
El pedido fiscal también contempla multas financieras para las personas naturales y jurídicas, y la clausura definitiva de seis empresas implicadas: Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiésel y Harsajudi.
Según la tesis de la entidad fiscal, los acusados integraron una estructura corporativa para ejecutar un mecanismo denominado “el cambiazo”, que consistía en desviar combustible subsidiado destinado a los segmentos automotor y naviero nacional para posteriormente comercializarlo a precio regular (sin subsidio) en los sectores industrial y naviero internacional, capturando de forma ilegal el margen de la subvención estatal.
La acusación fiscal se fundamenta en la participación de Aquiles Alvarez como accionista mayoritario y representante legal de la comercializadora Copedesa durante parte de los años investigados.
Según las pericias presentadas en el juicio, Alvarez suscribió contratos con Petroecuador, operadores y gasolineras aliadas para coordinar el abastecimiento de combustible.
La defensa de Alvarez ha rechazado la tesis fiscal y sostiene que su condición de representante legal de empresas no demuestra participación delictiva.
El cuestionamiento de la defensa de Alvarez apunta a la tipicidad del delito imputado bajo el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La defensa sostiene que para configurar una comercialización ilegal de hidrocarburos se requiere una transacción específica: un vendedor que desvíe el producto y un partícipe que lo reciba de forma ilícita. Sin embargo, la defensa resalta que existen múltiples procesados acusados de vender, pero ni un solo comprador identificado en toda la causa.
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