En una nota jurídica, denominada “Killing ‘Narco-Terrorists’ at Sea”, publicada en septiembre de 2026, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, cuestionó la estrategia militar desplegada por Estados Unidos contra organizaciones calificadas como “narcoterroristas” en América.
En dicho documento, Saul dedicó un análisis a Ecuador, donde advierte que todavía no se conoce con precisión cuál ha sido el papel de las fuerzas estadounidenses en operaciones desarrolladas dentro del país.
La nota del relator de la ONU analiza las operaciones militares estadounidenses realizadas desde septiembre de 2025 y concluye que los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar droga constituyen “ejecuciones extrajudiciales seriales” contrarias al derecho a la vida.
Según el informe, en un año las fuerzas militares estadounidenses habrían atacado 68 embarcaciones fuera de las aguas territoriales de los Estados y provocado la muerte de al menos 223 personas.
Sobre Ecuador, el relator señala que al menos tres barcos fueron atacados y hundidos en circunstancias que califica como sospechosas, sin que exista una reivindicación de responsabilidad.
Entre ellos menciona a las embarcaciones ecuatorianas Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca.
Sobre la Fiorella, el documento señala que fue atacada en enero de 2026 y que ocho de sus diez tripulantes permanecen desaparecidos. Respecto a la Negra Francisca Duarte II y Don Maca, atacadas en marzo, Saul indica que sus tripulantes habrían sido detenidos arbitrariamente y maltratados por presuntas fuerzas militares estadounidenses, posteriormente trasladados a autoridades salvadoreñas y finalmente retornados a Ecuador.
Sobre cooperación bilateral en seguridad, Saul señala que en marzo de 2026 militares estadounidenses apoyaron “operaciones cinéticas letales” de fuerzas ecuatorianas contra organizaciones designadas como terroristas en Ecuador.
El relator se refiere específicamente a la operación denominada “Exterminio Total”, desarrollada en la comunidad de San Martín, cerca de la frontera con Colombia.
Según el documento, de esa operación surgieron denuncias de posibles violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellas: Uso de fuerza potencialmente letal; Destrucción de bienes; Detenciones arbitrarias; Desaparición forzada; Tortura; y Desplazamiento forzado.
“El papel preciso de Estados Unidos es desconocido”, subrayó.
Saul añade que Estados Unidos no ha explicado la naturaleza de sus actividades militares, las reglas bajo las cuales opera ni los acuerdos bilaterales que las regulan.
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