La jueza María del Carmen Salazar Monteros admitió a trámite la acción de protección que planteó la asambleísta de Pachakutik (PK), Guadalupe Llori, en contra del presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, y de los legisladores que integraron la Comisión Pluripartidista ad hoc que elaboró el informe que terminó por remover a Llori de la presidencia.
La decisión de la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Quitumbe se emitió la tarde del miércoles 17 de agosto.
La acción de protección se planteó el 5 de agosto en contra de Saquicela y los asambleístas Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (PK-R), Lucía Placencia (ID), y John Vinueza (UE).
Con este recurso legal Guadalupe Llori pretende recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Por ello, solicita ser reintegrada en el cargo como reparación integral y que se emitan disculpas públicas.
No solo eso, también pide que cada uno de los 81 asambleístas que votaron para su destitución le paguen $ 100.000 por concepto de indemnización por haber afectado su buen nombre. Esto suma un total de $ 8,1 millones.
Llori fue removida de la presidencia de la Asamblea el pasado 31 de mayo, luego de más de un año en funciones, a raíz de la denuncia que presentó el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres.
Una vez que la jueza Salazar aceptó dar trámite a la acción de protección convocó a los legisladores accionados a la audiencia pública a realizarse el lunes 22 de agosto, a las 14:30, de forma presencial.