Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), responde a la publicación de sus comunicaciones privadas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estos mensajes son fundamentales para la investigación en curso del «Caso Ligados», que alega asociaciones ilícitas que involucran a los exconcejales Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la actual concejala Nicole Bonifaz.
En su declaración, Verduga califica la situación de espectáculo político, afirmando que las pruebas en su contra han sido fabricadas. Enfatiza su desafío a la banca privada ecuatoriana, acusándola de lavar fondos ilícitos a pesar de la crisis económica del país. Verduga sugiere que estas instituciones financieras están orquestando campañas mediáticas para desacreditarlo.
Los chats filtrados supuestamente revelan intentos de influir en las instituciones estatales a favor del movimiento político Revolución Ciudadana. Las conversaciones incluyen esfuerzos para asegurar el nombramiento de Raúl González como Superintendente de Bancos y la asignación de puestos dentro de la Superintendencia. Se dice que Verduga enfatizó la importancia de este rol en la lucha contra el lavado de dinero en el sistema financiero.
Además, las comunicaciones insinúan negociaciones que implican apoyo político a cambio de cargos en el sector público. Verduga presuntamente discutió con sus asociados la posible distribución de roles dentro de la Superintendencia de Sociedades, destacando la importancia estratégica de estos nombramientos.
Actualmente, se desconoce el paradero de Verduga, ya que se cree que se encuentra fuera de Ecuador. El poder judicial ha ordenado su regreso antes del 31 de marzo para cumplir con los procedimientos legales. El caso continúa su curso, arrojando suspicacia sobre la intrincada dinámica de las esferas política y financiera de Ecuador.