La mañana de este martes, varias organizaciones sociales que prestan servicios comunitarios vitales bajo contrato con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) fueron dispersadas violentamente por la Policía Nacional en Quito. Los grupos habían realizado una sentada pacífica frente a la Plataforma Gubernamental Sur de Desarrollo Social, mientras las negociaciones con las autoridades aún continuaban.
Los manifestantes, muchos de ellos educadores de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil, llevaban más de seis meses exigiendo el pago de salarios y fondos operativos atrasados. Según los líderes de la protesta, el retraso ya había interrumpido la entrega de alimentos a los niños y dejado a los educadores sin pagar hasta cinco meses.
La tensión se intensificó cuando agentes de policía con equipo antidisturbios intervinieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Testigos reportaron escenas de pánico mientras el gas llenaba el aire, con varias personas con dificultad para respirar. Un manifestante resultó herido durante el operativo y fue trasladado al Hospital Padre Carollo, mientras que otros fueron atendidos en el lugar por asfixia.
Imágenes compartidas por periodistas y medios independientes mostraron a la Policía reprimiendo a los manifestantes, algunos de los cuales se encontraban sentados pacíficamente con carteles y pancartas. Observadores de derechos humanos condenaron rápidamente el uso de la fuerza, calificándolo de respuesta desproporcionada a una demanda laboral legítima.
Líderes de las organizaciones manifestantes declararon que la reacción del Gobierno violó su derecho constitucional a protestar y criticaron la falta de transparencia y urgencia del MIES. Advirtieron que la represión no silenciaría sus demandas y anunciaron planes para continuar la movilización a nivel nacional.
Redes educativas y de servicios sociales de todo el país expresaron su solidaridad con los manifestantes, afirmando que las demoras del Gobierno habían llevado a todo el sistema al borde del colapso. Proveedores, programas de nutrición infantil y trabajadores comunitarios se encontraban entre los afectados por la deuda.
Hasta las 15H00 de este 24 de junio, el Ministerio de Inclusión Económica y Social no ha emitido un comunicado formal sobre la violencia ni sobre el estado de los pagos pendientes. De esta forma, los sucesos avivan la creciente indignación nacional por las medidas de austeridad, los retrasos salariales y la reducción del espacio para la acción cívica en Ecuador.