En el Pleno de la Asamblea Nacional, la bancada oficialista ADN bloqueó la fiscalización de la deuda millonaria que el Gobierno mantenía con los municipios, pese a los pedidos de la oposición y de las autoridades locales para exigir el cumplimiento de transferencias retenidas. La medida generó críticas inmediatas y profundizó el conflicto político en torno a los $643 millones adeudados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).
La bancada de la Revolución Ciudadana, junto con asambleístas como Luis Fernando Molina, solicitó un cambio de agenda para que comparecieran el ministro de Finanzas y el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), con el fin de dar explicaciones sobre los pagos atrasados, pero la propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista, generando fuertes reacciones dentro y fuera del Legislativo.
Los alcaldes, reunidos en torno a la AME, advirtieron que la falta de recursos comprometía directamente proyectos prioritarios como el abastecimiento de agua potable, el mantenimiento de vías, la seguridad ciudadana y el financiamiento de programas sociales. Denunciaron que, sin esas transferencias, muchos cantones enfrentaban virtual parálisis administrativa y una grave reducción en la capacidad de respuesta a la población.
Desde el oficialismo, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, reconoció retrasos en los pagos, pero aseguró que se trataba de deudas históricas heredadas de administraciones anteriores, que se estaban cubriendo según la disponibilidad presupuestaria. ADN sostuvo que el Gobierno de Daniel Noboa mantenía su compromiso con la obra pública y el fortalecimiento de los territorios, aunque no precisaron plazos concretos.
La oposición cuestionó esa postura. Paola Pabón y otros líderes provinciales denunciaron que la negativa a fiscalizar evidenciaba un intento de encubrir la falta de gestión y el uso discrecional de fondos públicos. Aseguraron que el dinero pertenecía a los ciudadanos de cada localidad, quienes veían comprometidos sus derechos por decisiones políticas.
En redes sociales, el tema escaló rápidamente bajo la etiqueta #NoboaPaga, promovida por legisladores como Victoria Desintonio. Denuncias circularon en Twitter y otras plataformas, señalando que la retención de recursos era ilegal e inhumana porque privaba a comunidades enteras de servicios esenciales. La presión digital acompañó a las movilizaciones anunciadas por los municipios.
El escenario abrió un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y los GADs. Si el Gobierno no ofrecía un plan de pago claro en los días siguientes, la AME advirtió con medidas de hecho, incluidas protestas nacionales. Mientras tanto, la Asamblea quedó marcada por la decisión de la bancada oficialista, reforzando la percepción de opacidad en la gestión financiera y elevando la incertidumbre sobre la estabilidad política y territorial del país.