Este sábado, Ecuador puso en marcha todo su aparato electoral para la consulta popular y el referéndum, en medio de un clima político tenso y múltiples debates sobre seguridad, legitimidad y costos del proceso. El Consejo Nacional Electoral confirmó la autorización de 4.463 mesas electorales dentro y fuera del país, incrementó la presencia de delegados y coordinadores técnicos, y consolidó un sistema reforzado de transmisión de datos para evitar retrasos y vulnerabilidades.
Simultáneamente, se acreditaron más de 825 observadores nacionales e internacionales para monitorear cada fase de la votación, desde la apertura de las urnas hasta la consolidación de los resultados preliminares, garantizando así una supervisión independiente en un momento en que la transparencia se considera indispensable para contener la desconfianza pública. La logística incluyó rutas especiales para el transporte de materiales sensibles, protocolos de emergencia para las mesas electorales en zonas de alto riesgo y el uso de herramientas de accesibilidad para votantes con discapacidad, incluyendo boletas en Braille y asistencia personalizada.
Al mismo tiempo, el Estado desplegó el mayor operativo de seguridad para un proceso electoral desde 2023, integrando a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el ECU 911 y unidades de inteligencia en la Junta de Seguridad Nacional, que permaneció en sesión permanente hasta el final del día. El Gobierno y el CNE coordinaron patrullas alrededor de los centros de votación, el monitoreo de posibles amenazas de grupos criminales y mecanismos de respuesta rápida ante incidentes logísticos o ataques al sistema de transmisión de datos.
La tensión política aumentó cuando movimientos sociales, sindicatos y organizaciones partidistas anunciaron vigilias y movilizaciones tanto para apoyar como para rechazar las preguntas de la consulta, lo que obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia en las principales ciudades. Con todo listo para el día decisivo, el país afronta la votación con gran expectación, ya que los resultados podrían redefinir áreas clave como la seguridad, el marco institucional y las reformas estructurales que el gobierno insiste en impulsar a pesar de las críticas al costo y la lentitud del proceso.