Debido a problemas de conectividad en la Cárcel del Encuentro, es necesario trasladar a los acusados.
El exfuncionario del Municipio de Guayaquil, César Bravo, y el alcalde Aquiles Álvarez, que se encuentran en la cárcel del Encuentro, serán llevados a una sala judicial en La Libertad, provincia de Santa Elena, para asistir al quinto día de la audiencia judicial del Caso Triple A. Esto sucede después de que el domingo 22 de marzo fallara la conexión a Internet en el centro penitenciario.
El tribunal que está manejando el caso dijo que «la conexión telemática deficiente y la interrupción continua del audio» son insostenibles. En un comunicado dirigido a la Dirección del Consejo de la Judicatura en Santa Elena, el tribunal indicó que «la audiencia no puede seguir bajo estas condiciones».
Este domingo, a las 15:00, se volverá a instalar la audiencia de juicio.
La diligencia de hoy se había programado a las 08:30. De hecho, el tribunal tomó varias medidas después de que los abogados de los acusados denunciaran que sus clientes no tenían ni siquiera bolígrafos o papel para preparar su defensa y debido a las interrupciones en la conexión a Internet.
Entre otras cosas, mandó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) permitiera que entraran a la Cárcel del Encuentro Fernando Chávez, abogado de César Bravo, y Ramiro García, defensor de Aquiles Álvarez. Además, se decidió facilitar el acceso a hojas, documentos físicos, bolígrafos, apuntes y equipos de computación para asegurar el ejercicio apropiado del derecho a la defensa.
En el caso Triple A, hay 22 procesados: 16 individuos y seis compañías. La policía investiga un supuesto delito de comercio ilícito de combustibles a través de gasolineras y empresas vinculadas con el alcalde y su familia.
César Bravo y Aquiles Álvarez también están siendo investigados por el caso Goleada, en el que se sospecha un crimen de delincuencia organizada.
Además, el alcalde está sometido a un tercer procedimiento judicial por supuestamente no haber cumplido con las decisiones legítimas de la autoridad competente. Esta causa proviene del supuesto incumplimiento de la medida cautelar que requería el uso de un grillete electrónico en el caso Triple A.