El procurador general interino, Carlos Leonardo Alarcón, ha declarado oficialmente que la investigación penal relacionada con el acuerdo con la firma uruguaya Austral Technical Management (ATM) es confidencial.
En un comunicado fechado el 22 de mayo de 2026, identificado como Oficio No. FGE-DSP-2026-005021-O, Alarcón contestó a una petición de información hecha por la asambleísta independiente (anteriormente de Pachakutik), Carmen Tiupul.
En su escrito, la Fiscalía señala el registro del delito bajo el número NDD: 090101826024220, por el presunto delito de malversación en el convenio firmado entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y ATM.
Alarcón advirtió que compartir detalles sobre esta indagación preliminar “constituyen un delito de acción penal pública”.
Esta declaración de confidencialidad se produce en un momento delicado.
Mientras la Fiscalía comunica la naturaleza reservada de esta indagación, la evidencia indica un daño al estado, un escenario similar a los contratos eléctricos fallidos que Celec otorgó a Progen, los cuales, al igual que ATM, no aportaron un solo megavatio al país.
Al igual que con Progen, en el acuerdo con ATM, Celec desembolsó 71,4 millones de dólares, que representa el 80% de los 89,9 millones de dólares acordados para la ejecución del proyecto Esmeraldas III, que tenía como objetivo inyectar 91 megavatios al sistema nacional para mitigar potenciales apagones durante la sequía.
El acuerdo fue firmado en agosto de 2024, bajo la dirección de Antonio Gonvalves en el Ministerio de Energía, quien tomó el cargo de Roberto Luque, el cual monitoreó de cerca la crisis eléctrica y tomó decisiones claves. Sin embargo, Goncalves enfrentó un juicio y Luque no fue enjuiciado en relación al caso de Apagón (Progen).
Un éxito en la teoría, un fracaso en la realidad
La adjudicación a Austral Technical Management no fue fortuita, sino que resultó de un proceso de selección que actualmente suscita serias dudas.
De acuerdo con el acta de Evaluación de Ofertas del 2 de agosto de 2024, el Comité Técnico de emergencia de Celec le otorgó a ATM una calificación casi perfecta de 97,69 sobre 100.
En la disputa por la “Adquisición, instalación, inicio de operación y soporte para el funcionamiento y mantenimiento de generadores térmicos terrestres (90-150 MW)”, ATM superó con gran diferencia a sus competidores:
-Gamma: 88 puntos.
-Rieltec: 60,91 puntos.
-Obras y Diseños del Norte: 53,73 puntos.
-Southpro: 49,52 puntos.
-Latamenergy: 45,95 puntos.
-Equitec: 43,10 puntos.
ATM recibió la puntuación máxima de 30 puntos en el criterio de “Plazo de entrega”, al comprometerse a iniciar operaciones en solo 140 días. Sin embargo, informes técnicos posteriores revelaron que esta propuesta fue solo una ilusión.
El plazo inicial venció en enero de 2025, se extendió mediante prórrogas hasta abril del mismo año, y hoy, más de un año después, el proyecto permanece en un estado de incertidumbre operativo y legal.
Equipos obsoletos y verificación a través de videollamadas
El tiempo señala que hubo irresponsabilidad durante los contratos eléctricos.
De acuerdo con el informe técnico recabado por la Contraloría, los empleados de Celec intentaron comprobar las condiciones de los motores en el Líbano mediante una videollamada, la cual falló debido a inconvenientes con la conexión a internet. Solo lograron visualizar el medidor de horas de un equipo almacenado, sin poder asegurar su operatividad real.
Más adelante, la revisión en persona llevada a cabo por la Notaria Tercera de Esmeraldas, María Fernanda Velásquez, entre julio y agosto de 2025, indicó que los equipos mostraban claros signos de óxido y corrosión, al estar expuestos a las inclemencias del tiempo, además de motores diésel cuando el contrato especificaba que debían funcionar con Fuel Oil.
Aún más alarmante, se encontró que el generador GE-3-06 registraba 14. 093 horas de uso, lo que contradice la garantía de ATM de proporcionar equipos con un máximo de cuatro años de antigüedad. El fabricante, MAN Energy Solutions, corroboró que dichos generadores formaron parte de un contrato particular entre 2016 y 2017.
Luque y su equipo, sin restricciones
A pesar de que los registros oficiales colocan a Luque en el núcleo de las decisiones relacionadas con la crisis eléctrica de 2024, el exministro ha conseguido evadir la atención de la Fiscalía en el incidente del Apagón (Progen), y todo indica que sucederá lo mismo con el caso de ATM.
Esto se da a pesar de que el 23 de abril de 2024, a través de la circular MEM-MEN-2024-0003-CIR, Luque instruyó que todos los procesos de contratación de emergencia debían ser supervisados y coordinados por José Manuel de Oliveira Allú, su abogado de confianza.
Aunque la Contraloría identificó indicios de responsabilidad penal contra Oliveira el 20 de abril de 2026, la Fiscalía, dirigida por Alarcón, no lo incluyó entre los 21 acusados relacionados con el asunto de Progen.
En el marco de Celec, la urgencia por avanzar con estos contratos era extremadamente elevada.
Grabaciones filtradas de abril de 2025 muestran a Byron Orozco, exdirector de Termopichincha, aparentemente presionando a los técnicos para que firmaran informes positivos: “la directriz que se va a establecer es que esto no puede fallar”.
El enredo legal
El conflicto entre el Estado y ATM se ha trasladado al ámbito jurídico, donde la firma uruguaya ha tomado la iniciativa. Austral inició un arbitraje urgente en la Cámara de Comercio de Quito para evitar que Celec finalice el contrato de manera unilateral y para detener la imposición de sanciones. En agosto de 2025, un árbitro de emergencia dictó la suspensión de cualquier intento del Estado de anular el contrato.
Por otro lado, el Gobierno intentó una mediación que fracasó en febrero de 2026.
Según la ministra de ese entonces, Inés Manzano, se dio a ATM un plazo hasta el 15 de febrero para activar las turbinas, un requisito que la empresa volvió a pasar por alto.
“Presentamos la diligencia de que la mediación no era posible, porque ellos no cumplían con su parte”, declaró Manzano el 26 de febrero de 2026.
Aunque Celec interpuso una denuncia penal por presunta actividad delictiva organizada en diciembre de 2025, alegando la entrega de equipos “usados, incompletos e inútiles”, su propia defensa podría verse debilitada por las actas de entrega firmadas “a entera satisfacción” en febrero de 2025 por José María Estupiñán, encargado del contrato.
Actualmente, estos documentos son la defensa legal de ATM para exigir el pago del 20% que resta del contrato.