La Fiscalía investiga a siete alcaldes y exalcaldes de Ecuador por presuntos delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado y delincuencia organizada. Los casos involucran movimientos económicos que, en conjunto, se acercan a los USD 200 millones y corresponden a seis provincias.
Los casos investigados
Elías Baldor – Camilo Ponce Enríquez, Azuay
El exalcalde es investigado en el caso BB por presunto lavado de activos junto con otras cinco personas. Según Fiscalía, la estructura habría ingresado al sistema financiero más de USD 9 millones, provenientes presuntamente de actividades relacionadas con minería ilegal y comercialización de explosivos.
Vicko Villacís – Esmeraldas
El alcalde al momento de los hechos es procesado en el caso Blindado por presunto lavado de activos. La investigación apunta a una estructura que habría manejado más de USD 7,5 millones mediante empresas fachada y acciones judiciales presuntamente irregulares.
Darío Macas – Machala, El Oro
El exalcalde es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en el caso Machalazo. Fiscalía indaga un supuesto direccionamiento de contratos municipales y un incremento patrimonial injustificado cercano a USD 6 millones.
José Arroyo – Pujilí, Cotopaxi
En el caso Ornato Municipal, Arroyo y otros funcionarios son procesados por presunto peculado. La Fiscalía investiga la adjudicación irregular de contratos de obras públicas que habría generado un perjuicio superior a USD 300.000.
René Castillo – El Tambo, Cotopaxi
El alcalde es procesado por presunto peculado en una investigación relacionada con la organización de un concierto por el aniversario del cantón. El supuesto perjuicio para el municipio bordearía los USD 50.000.
Ángela Plúa – Jipijapa, Manabí
En el caso La Jefa, Plúa y otras nueve personas son procesadas por presunta delincuencia organizada. La investigación apunta a una estructura que habría gestionado irregularmente licencias de conducir, matrículas y otros documentos de tránsito.
Aquiles Álvarez – Guayaquil, Guayas
El alcalde enfrenta dos procesos. En el caso Triple A, Fiscalía investiga una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos con un perjuicio estimado en USD 61,5 millones. Mientras que en el caso Goleada, se investiga un presunto lavado de activos por alrededor de USD 100 millones.
Los procesos se encuentran en distintas etapas judiciales y las investigaciones buscan determinar responsabilidades por los presuntos delitos señalados.