Siete de los nueve ciudadanos detenidos durante un operativo en Alto Punino, Orellana, continuarán el proceso judicial en libertad, pese a que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.
La decisión fue tomada este martes 8 de septiembre de 2026 durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. El juez impuso a los procesados la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada ocho días ante la autoridad competente. En caso de incumplir estas medidas, podrían emitirse órdenes de encarcelamiento.
La Fiscalía rechazó la decisión y presentó un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana.
Los siete procesados fueron identificados como Juranny Maribel P. M., Ariel Alexi V. G., César Lizandro V. Sh., Dennis Alonso Y. S., Patricio Alexander Ch. G., Pamela Thalia E. A. y Jonny Alexander V. L.
Todos fueron aprehendidos la tarde del lunes 7 de septiembre, junto con otras dos personas, durante un operativo reservado ejecutado por la Fiscalía, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Según la Fiscalía, los siete estarían vinculados con la estructura delictiva Comandos de la Frontera. El parte de aprehensión señala que los militares habrían localizado un presunto campamento paramilitar atribuido a este grupo en Alto Punino. Al detectar la presencia de los uniformados, los sospechosos habrían intentado escapar, pero fueron detenidos.
Durante el procedimiento, las autoridades reportaron el decomiso de:
Dos fusiles.
Una pistola.
Cuatro cargadores.
1.060 municiones de distintos calibres.
16 baterías y 13 radios portátiles.
Dos antenas satelitales Starlink.
23 buzos pixelados, nueve gorros y cinco pañoletas.
Un chaleco, dos gorras y dos mochilas.
Entre los elementos presentados ante el juez constan el parte de aprehensión, las declaraciones de los agentes y de un militar que participaron en el operativo, el informe de inspección ocular técnica y el acta de ingreso de evidencias.
También se presentó un certificado del Centro de Control de Armas de Orellana, según el cual los procesados no cuentan con registros ni permisos para la tenencia o porte de armas, municiones y explosivos. El documento señala además que los dos fusiles encontrados son de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
De las nueve personas aprehendidas, dos no fueron procesadas en esta causa. El juez no calificó la flagrancia en estos casos y ordenó su liberación al considerar que fueron encontrados aproximadamente a un kilómetro del presunto campamento.
El proceso contra los siete ciudadanos se sustenta en el artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con el tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.
Mientras la Corte Provincial resuelve la apelación de la Fiscalía, los siete procesados deberán cumplir las medidas cautelares impuestas y enfrentarán el proceso judicial en libertad.