El exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, Pablo Dávila, preside ahora el Comité por la Institucionalización Democrático que creó el fallecido Julio César Trujillo para eliminar ese ente a través de una consulta popular.
¿Qué avances hay?
Hemos estado elaborando la propuesta de borrador que hay que enviar a la Corte para que defina la vía para la reforma constitucional. Ese documento lo presentaremos a diferentes personas e instituciones que han expresado su voluntad de apoyar el proceso, lo discutiremos para sacar el final consensuado.
¿En qué términos estará planteada la pregunta?
Todo gira alrededor de la eliminación del Consejo. Esa es la pregunta central; sin embargo, al menos sobre el paso de las atribuciones a la Asamblea hay que hacer una propuesta complementaria, eso no es aislado. Hablar de la eliminación del Consejo, nos obliga a hablar de qué pasará con las atribuciones sobre la designación de autoridades. Entonces estamos definiendo cuál es la mejor manera de plantear la pregunta.
¿Eliminar el organismo y que las atribuciones vuelvan a la Asamblea?
Si bien desde nuestro punto de vista, la Asamblea es el órgano de representación popular, no se trata de volver al pasado. Hay que rescatar el concepto de la meritocracia, concursos pertinentes, la veeduría y la impugnación ciudadanas dentro de la Asamblea. Eso le podría dar a la elección de autoridades un contexto de mayor participación y auditoría social. Otra cosa que estamos proponiendo es modificar la estructura misma de la Asamblea, mejor dicho, modificar el funcionamiento de la Asamblea, como crear un sistema bicameral que permita optimizar y tener un control dividido de la designación de autoridades. Es decir, con la participación de una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. Estamos evaluándolo.
En la Asamblea se está impulsando también reformas legales para quitarle las atribuciones al CPCCS. ¿Cómo van a coordinar los tiempos para que se haga su consulta?
Queremos motivar un proceso de participación política directa, este es un proceso ciudadano. Lo importante es generar debate. Las propuestas hablan solo de modificar las atribuciones, creemos que si bien es una solución, es algo parcial, porque la propuesta que impulsamos es la eliminación del Consejo como decisión de fondo.
¿Cuáles son sus argumentos?
El Consejo tiene tres grupos de atribuciones: impulsar la participación ciudadana; la lucha contra la corrupción; y, la designación de autoridades. Sobre la participación, es un contrasentido, no tiene razón de ser que la participación ciudadana sea impulsada por un órgano del Estado. Eso ha estatizado la participación, cuando esta debe darse a través de la organización independiente y libre de la ciudadanía. Sobre la lucha contra la corrupción, eso le corresponde a la Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Si eliminamos esas competencias, veremos que todas son repetidas. Solo queda la designación de autoridades, y si todo el mundo está de acuerdo en quitarle estas atribuciones, será un órgano inerte, que no sirve y que la decisión de fondo, es eliminarlo.
Para la recolección de firmas, ¿cómo se están alistando?
Creemos que la Corte nos va a decir que para estos cambios hay que hacer una reforma parcial de la Constitución, lo que requiere el 1,5% de firmas del padrón. Estamos estructurando una plataforma social. Hemos recibido el interés de varias organizaciones para tener presencia nacional y con esa base, poder armar en cada provincia los equipos que levanten las firmas.
Fuente: El Universo