Cuando los operadores del ECU911 observan un delito a través de las casi 500 cámaras instaladas en Guayaquil, ellos envían directamente ese material al correo electrónico del fiscal de turno.
Se hace desde hace un año, cuando la entidad de seguridad estatal firmó un convenio con la Fiscalía del Guayas, se dijo.
Cada fiscal tiene un usuario y una contraseña para acceder a ese video que es enviado simultáneamente a la Policía Nacional, para que se realice el seguimiento y la captura del sospechoso con las evidencias.
Cuando son atrapados y se los lleva a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía del Modelo, el fiscal de turno ya tiene en su poder esa prueba.
Pero no solo con el video se logra sentenciar al sospechoso de un delito. Esa es una de las tantas evidencias que se necesitan en un proceso penal.
“Ese video lo quemamos en un CD, lo anunciamos como prueba y solicitamos su ingreso al proceso”, indica el fiscal Víctor González.
Él sostiene que a los videos se les hace un peritaje de identidad humana, para establecer que se trata del detenido, pero en la mayoría de los casos esta pericia no confirma en un 100% que sea el imputado y se descarta como evidencia.
En ocasiones, porque la cámara no tiene muy buena resolución. Por eso, González ve con buenos ojos la implementación del plan Más Seguridad y el anuncio de adquirir cámaras con reconocimiento facial y de mayor nitidez.
Este plan, que entraría en vigencia tras su firma este 25 de julio, unificará los sistema de vigilancia que operan en Guayaquil: ECU911 y el de ojos de águila, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG).
La Fiscalía no tiene un convenio con la CSCG, entidad municipal que cuenta con 1100 cámaras, más del doble que las del ECU911. El proceso en estos casos, según el fiscal Wilson Álvarez, consiste en mandar una solicitud por parte de la Fiscalía, una vez que el afectado pone la denuncia.
“El denunciante no lo tiene que hacer, lo hace el fiscal porque así se respeta la cadena de custodia y entra directamente como prueba, porque recuerde que un video puede ser editado y todo eso debe descartarse si no vienen directamente del ECU911 o de la CSCG”, comenta Álvarez.
Por eso, los fiscales explican que en los casos en los que los delitos son captados por cámaras particulares, por ejemplo en un robo a un local de comida, el fiscal solicita el video mediante oficio y se pide la explotación mediante un peritaje. Esto para revisar que el video no esté falseado o editado, afirman.
González y Álvarez esperan que la nueva implementación del plan Más Seguridad les brinde más pruebas. Ellos creen que estamos en buen camino y que debería establecerse una base de datos para el reconocimiento facial de los ciudadanos.
“Por ejemplo, al sacar o renovar la cédula que sean captados los rasgos e inmediatamente cometido un delito, salte una coincidencia en el sistema como ocurre cuando se coteja una huella dactilar”, propone el fiscal González.
Apuntes
Plan de seguridad
En Guayaquil hay cerca de 1.600 cámaras de vigilancia. De esa cifra, 1.100 pertenecen a la CSCG y unas 500 al ECU911, pero están separadas. Esta semana, la alcaldesa Cynthia Viteri refirió que se ha designado un presupuesto municipal de $ 7,7 millones para el plan Más Seguridad.
Fuente: El Universo