Una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, fue presentada por el Concejo Municipal de Guayaquil, encabezado por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, con el propósito de derogar la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
La medida pretende revertir las afectaciones a la autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), las cuales inciden directamente en la ejecución de programas sociales destinados a los guayaquileños. La reforma condiciona la utilización de recursos propios y transferidos y, además, establece controles centralizados que restringen la gestión municipal autónoma.
Coronel manifestó su rechazo absoluto a esta normativa, a la que llamó “ley de asfixia municipal”, al afirmar que su denominación es engañosa, ya que no fomenta la sostenibilidad ni la eficiencia del gasto público. Por el contrario, indicó que permite disminuir las transferencias del Gobierno central hacia los municipios sin asumir responsabilidad política. También señaló que la normativa traslada el peso de esta reducción a los GAD, somete su gestión a decisiones ministeriales tomadas en Quito y constituye un golpe al proceso de descentralización.
“Hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley perversa (…) La presentamos porque vulnera nuestra autonomía, porque vulnera la autonomía de todos los GAD del Ecuador y, sobre todo, porque la presentamos por ustedes, por todos los guayaquileños”, expresó la alcaldesa (s).
Luis Alfonso Saltos, asesor de la Alcaldía, señaló que la reforma compromete el derecho a la ciudad establecido en la Constitución, al incidir en competencias exclusivas de los GAD en ámbitos como salud, educación, cultura y vivienda. A su vez, Jorge Dillon, director financiero del Municipio de Guayaquil, explicó que la ley introduce rigideces presupuestarias que contradicen la autonomía municipal, al restringir inversiones en áreas clave como eventos promocionales, turismo y recolección de basura, catalogados por la reforma al COOTAD como gastos no computables para el cumplimiento de la regla del 70% en ingresos no permanentes.
Indicó que esta disposición provoca incertidumbre en la planificación financiera y compromete cerca de USD 355 millones que no podrán ser imputados dentro de la estructura establecida por la reforma, lo que afecta la capacidad del municipio para generar ingresos futuros y sostener servicios básicos para la ciudad.
Finalmente, la concejala Blanca López consideró que la reforma es improcedente, inconstitucional y regresiva en derechos. Señaló que fue tramitada como ley económica urgente sin cumplir los requisitos constitucionales, lo que podría constituir un fraude legislativo al evitar un debate público con alcaldes y prefectos.