En el marco de la sesión 228 del Concejo Metropolitano, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, denunció que, desde 2023, es objeto de 687 acciones legales y administrativas planteadas de siete instituciones del Estado en su contra de su gestión.
Indicó que actualmente hay 67 procesos suspendidos en el Servicio de Contratación Pública (Sercop), entre ellos, todos los contratos de las fiestas de Quito.
Además, detalló que tiene 13 denuncias en Fiscalía, 514 exámenes y pedidos de información de la Contraloría, lo que significa 300% más que las administraciones anteriores.
“Una entidad que ni asomaba en el tablero institucional, que es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, 59 procesos de control. ¿saben cuánto es esto, adicional desde el 2023, respecto a años anteriores? 3.700% más a mi administración”, dijo Muñoz.
También indicó que tiene 28 pedidos de información en el Legislativo. “Soy moda en la Asamblea Nacional. No hay semana donde no le llamen a comparecer a quien no pueden llamarle a comparecer”, subrayó. A ello suman 6 procesos entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
También afirmó que el Municipio brindará facilidades a las investigaciones y demandó respeto al debido proceso frente a lo que calificó como una judicialización política
“Esta película completa tiene un nombre, judicialización de la política. Hay políticos mediocres, que deberían hacerse denunciadores, hay fantoches y payasos por fuera que quisieron ser candidatos a alcaldes, y no pudieron y nos les queda, sino otra que ser denunciólogos, con lo payasos que son”, sostuvo Muñoz.
Agregó que toda la corporación municipal tiene además la disposición de que se abran ‘de par en par’ las puertas a la Contraloría, Fiscalía y órganos de control técnico.
Con esto, el cerco del régimen de Daniel Noboa contra el Municipio de Quito se estrecha a medida que se acercan las elecciones, ya que todas las encuestas colocan en primer puesto al alcalde Pabel Muñoz.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana y representante de Pichincha, Héctor Rodríguez, detalló hoy las acciones legales y administrativas que pesan contra el burgomaestre capitalino.
Por ejemplo, de las 13 denuncias en la Fiscalía, una corresponde la semana pasada, en el allanamiento al despacho del alcalde, quien en ese momento se encontraba fuera del país.
Sobre los 6 procesos en la Función Electoral, una se refiere a una denuncia por campaña anticipada, que se originó a raíz de una sesión del Concejo Metropolitano.
Hasta los asambleístas de ADN juegan un rol en el cerco al Municipio capitalino. Ellos han enviado 28 pedidos de información pese que su rol fiscalizador no abarca a los gobiernos locales.
El asambleísta de la RC, Xavier Lasso, aseguró que el oficialismo convirtió a la Asamblea en Concejo Metropolitano.
Es que, legisladores de ADN, han llevado al Pleno la fiscalización de Quitopía, compra de nuevos troles, compra de recolectores de basura, funcionamiento del Metro y hasta quiénes conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio.
“¿Qué le ha ofrecido la bancada oficial a Quito? ¿Qué ha hecho el Gobierno por Quito? Nada, por eso nosotros no los podemos fiscalizar. Le ha ofrecido, eso sí, racionamientos energéticos al sector industrial y hospitales sin vacunas”, dijo Lasso.
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