Tras el desalojo de cerca de 9.000 mineros ilegales de Buenos Aires (Urcuquí, Imbabura), la alerta ante una posible migración hacia otros proyectos se encendió. Uno de esos es Río Blanco, en la parroquia rural cuencana Molleturo, cerca del Parque Nacional Cajas, una zona considerada por la Unesco dentro de la Red de Reservas de Biósfera.
Los trabajos en el campamento están paralizados desde junio del 2018 por orden del juez Paúl Serrano, quien dictaminó que la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesto en el artículo 57 de la Constitución.
En un recorrido por el campamento, el martes último, se observaron grandes rocas de color rojizo y gris que, según los pocos empleados que se mantienen ahí, son mineralizadas y en su interior tienen oro y plata que se puede obtener tras un largo y demorado proceso técnico y químico.
El subgerente de Río Blanco, Xavier Sánchez, dice que si bien es un proyecto subterráneo, el yacimiento es superficial y a escasos 20 metros de profundidad de los túneles se encuentra material. “En la superficie se encuentran grandes valores y es un botín fácil para minería ilegal”, aseguró.
Con esto coincidió el presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas, quien el martes evidenció que la veta está al descubierto y el riesgo es mayor.
Fuente: El Universo