Home Política La integración del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha se definirá por sorteo

La integración del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha se definirá por sorteo

by editor

La madrugada del viernes pasado se llamó a juicio a los 14 procesados por el delito de peculado ocurrido al interior del Municipio de Quito en la compra de 100.000 pruebas para detectar Covid-19 realizada por la Secretaría de Salud a la empresa Salumed S.A.

Después del llamado a juicio, el expediente pasará a sorteo para que se conforme el Tribunal de Juzgamiento que analizará las pruebas testimoniales, documentales y periciales que anunciaron presentarán en audiencia de juicio el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán; los abogados del Municipio de Quito, como acusadores particulares; y las defensas de los 14 procesados.

El fiscal anunció que usará cerca de 200 personas, entre testigos y peritos, para comprobar que existieron irregularidades en el contrato de $ 4.2 millones suscrito por el Municipio de Quito y Salumed para adquirir 100.000 pruebas PCR-Polimerasa para detectar Covid-19. Más de 80 elementos de convicción presentó la Fiscalía para sostener la imputación en contra de los procesados y sus grados de responsabilidad.

A demás, se emitió un dictamen acusatorio contra los 14 procesados pero en diferentes grados de participación. Por ejemplo al alcalde de Quito, Jorge Yunda, lo acusó de autor mediato; como autores directos de peculado fueron acusados Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito; y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S.A. Ambos se mantienen prófugos de la justicia.

Según la fiscalía, son once las personas definidas como coautoras. Entre ellas Ximena Abarca, secretaria de Salud; Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud; Daysi H, administradora del contrato; Jéssica Cárdenas, analista de contratación; Erick A., excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud; Marco R.; excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud; Simón V., responsable de laboratorio UMS-SS; Enrique B., director metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud- Comisión Técnica; Diego S., coordinador de medicamentos y dispositivos médicos de la Secretaría de Salud; Iván M.; responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud; y José M., responsable del estudio de mercado de la Secretaría de Salud.

Según la Fiscalía, en lugar de las pruebas PCR-Polimerasa, la Secretaría de Salud del Municipio capitalino habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. Es decir, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aun así, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud.

La fiscalía dijo que “Pese a conocer que el producto entregado por Salumed S. A. no cumplía con el objeto del contrato, tanto el Alcalde como las responsables de la Secretaría de Salud del Municipio habrían intentado obtener la validación de las mismas en algunas entidades públicas y privadas, y las siguieron usando, pese a que varios informes señalaban que su sensibilidad y especificidad para detectar el virus no eran las requeridas”.

Santillán convocó a 90 funcionarios de instituciones públicas y privadas (Banco Central del Ecuador, Contraloría General del Estado, laboratorios SinLab, Roche, empresa Salumed, el Ministerio de Salud Pública, Arcsa, UAFE, Universidad UTE, entre otras)  que certificaron y emitieron documentación relevante para el proceso.

Juan Pablo Albán, abogado del alcalde Yunda, adelanta que la audiencia de juzgamiento será una diligencia muy larga. A la lista de anuncios probatorios hecha por la Fiscalía, la defensa de Yunda ha anunciado que practicarán en el juicio 24 testimonios, 58 peritajes y 127 elementos de prueba documental. Número similares han anunciado como pruebas las treces defensas restantes.

Albán cree que es evidente que hay una contaminación política muy marcada en esta causa y todo lo importante de este proceso está sepultado debajo de todas las elucubraciones que se han hecho.

“Esperaría que quienes integren el Tribunal tengan la apertura suficiente para que las defensas entreguen sus argumentos, presenten la prueba y se defiendan con las debidas garantías, pero sí me preocupa que han existido en causas de este tipo, con una fuerte contaminación política, que se manejan de manera muy apresurada”, afirmó Albán.

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