El coordinador de Protección de los Derechos de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, conversó en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, puntualizó el tema de los cobros indebidos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), y también del proyecto de Ley de Despenalización del Aborto por Violación, “nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos hasta el momento cerca de 1.200 denuncias, formalmente presentadas en la institución, sobre cobros excesivos por parte de CNEL y otras empresas eléctricas en el país, ¿qué está pasando?, en primer lugar, no existe una política pública a nivel nacional de control sobre el cobro de la energía, en ese sentido durante la pandemia la Defensoría del Pueblo tomó algunas acciones, a través de unas medidas cautelares que ganamos en Guayaquil, Los Ríos y Carchi, logramos que se puedan frenar algunos cobros excesivos, que se estaban dando en el marco de la pandemia», recalcó.
Burbano manifestó que, la situación de cobros excesivos está volviendo a suceder, por ende, esto da cuenta de que la situación no ha cambiado estructuralmente, “la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, tuvo una reunión con gente de CNEL, se les realizó una propuesta, se les dijo porque no suspenden el cobro de todas las facturas que están siendo criticadas por cada uno de los usuarios, también impugnadas, y empezamos hacer un proceso constante para revisar de que forma se está midiendo la luz, haciendo cálculos de cobro, y este pedido ha sido negado por parte de CNEL, en ese sentido vamos ha acudir a la función judicial, pondremos una acción de protección con medidas cautelares, para lograr esto que acabo de mencionar, y también para que todas las personas que reclamen, tengan suspendidos sus cobros”, indicó.
El doctor comentó que, invita a la ciudadanía a que ponga sus quejas ante las empresas competentes, en este caso CNEL, y que esa denuncia la presenten en la Defensoría del Pueblo porque se cuenta con una delegación en cada provincia de Ecuador.
“Nosotros también hemos hecho una evaluación técnica de lo que está pasando en la Corporación de Electricidad, en primer lugar existe un error de cálculo en el cobro porque muchas personas, ¿por qué?, porque muchas personas tienen el servicio catalogado como familiar o doméstico, y le cobran como servicio empresarial por la zona, y otras personas que deberían tener una tarifa básica constante, donde no existe medidor para su lectura, se les hace un cobro como si hubiera lectura de medidor, ya que en esa parte hay algunos medidores, en zonas populares de la ciudad de Guayaquil, en otras ciudades cercanas a la Costa, en donde hay medidores particulares que albergan a varios domicilios, y lo que hacen con ese conteo es cobrarle a cada hogar, por ende, eso es ilegítimo, ilegal, y tiene que ser revisado, por eso se ha pedido a cada una de las empresas detener estos cobros porque se convertirían en cobros ilegales”, destacó Burbano.
El doctor aseveró que, hay una Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) en el país, este agencia debe emitir todos los lineamientos específicos para que las empresas eléctricas tomen en cuenta en su facturación, esto tampoco ha pasado, entonces también se está llamando la atención del ARCONEL para que pueda emitir los lineamientos y evitar lo que está pasando, puede ser que se resuelva ahora, pero esto volverá a pasar luego de tres meses, y se seguirá en la misma lógica de cobros indebidos, “necesitamos una política pública nacional, en donde la energía se convierte en un derecho humano», fundamentó.
También admitió que la Defensoría del Pueblo tiene el tema de cobros excesivos de planillas como prioritario en su agenda, el derecho de los usuarios y consumidores a un servicio de calidad y calidez, por ello, accederán a todas las funciones, instituciones, que sean pertinentes.
“Como recomendación a la ciudadanía ecuatoriana no debemos quedarnos callados, es importante poner las denuncias pertinentes, las quejas, en este momento de pandemia es muy complicado para muchos de nosotros, salir, hacer fila, pero definitivamente está afectación de los bolsillos, tiene que llegar a oídos de las autoridades, estamos acompañando y vamos a acompañar a todos los consumidores que se sienten afectados, pero las empresas necesitan saber que están haciendo mal, y para ellos debemos acercarles la información”, informó el coordinador.
Burbano aseguró que, hay dos vías en esta situación, la primera es la presión que se ha realizado durante la pandemia y la ARCONEL que está intentando construir unas directrices de control que se necesitan de urgencia, y se comprometen como Defensoría del Pueblo presionar constantemente para que no se demore años, sino que salga inmediatamente, el proceso ha venido en marcha desde mediados del año anterior, se debería lograr que este mandato de alguna forma disminuya la carga económica de los consumidores. Por otro lado, se encuentra la acción judicial que se presentará como defensoría, tiene como objetivo afectar la omisión de construcción de políticas públicas.
“Hubo construcciones de hidroeléctricas a nivel del país, por ejemplo, Sabanilla en Loja, la empresa José del Tambo “Hidrotambo” en Bolívar, Manduriacu en Pichincha, estas empresas lo que debieron haber hecho es reducir la cantidad de energía termoeléctrica, primero tener una energía limpia y segundo tener más energía, no hemos cambiado la matriz energética desde hace 30 años, y lo que deberíamos haber logrado es reducir el precio de nuestra energía, en este juego de demanda y oferta si es que, hay más oferta, la demanda disminuye, se deberían reducir los precios, pero eso no ha pasado, creo que este Gobierno tiene un gran rato, primero auditar y fiscalizar todo el tema de construcción de hidroeléctricas y de otros grandes proyectos”, subrayó Burbano.
En otro tema, sobre el proyecto de Ley de Despenalización del Aborto por Violación mencionó que, la Corte Constitucional a raíz de siete demandas presentadas por varios colectivos sociales a nivel del país, resolvió declarar inconstitucional no la existencia del delito de aborto, el aborto sigue siendo legítimo, lo que cambió la Corte Constitucional fue una palabra que tenía el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, “en donde se planteaba que el aborto en casos de violación, no podía ser punible cuando esta violación haya sido dada a una persona con discapacidad, la entidad entendió que esta palabra establecer para una persona con discapacidad, generaba desigualdad a los otras mujeres que hayan sido víctimas de violación, por tanto, se abre esta causal que ya existía antes en el COIP, no solo para las mujeres con discapacidad, si no para todas, hay una violación cuando la niña tuvo relaciones, así sean consentidas, pero menor de 14 años, la ley establece cualquier niña de 14 años no puede dar su consentimiento o cuando ha existido cohesión, violencia, en el acceso carnal, tenemos que entender que se limita a eso la resolución de la Corte Constitucional”, expuso el doctor.
Harold Burbano dijo que, cual ha sido la manifestación de la Corte Constitucional a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo le ha dicho que en dos meses haga una norma en la que se garantice, que este acceso al aborto para las personas que han sido violadas, no para todo el mundo, sea en condiciones seguras y además se garantice el derecho del niño que está por nacer, “hay tres condiciones que hemos venido discutiendo en la construcción de este proyecto, primero el tiempo en el cual se puede hacer este aborto, hemos tomado legislaciones comparadas, pensamos establecer el tema entre 9 y 12 semanas, aunque habrá casos de excepciones, el segundo tema de discusión muy fuerte es en donde se deben realizar estos procedimientos, creemos que debe ser en todo el sector de la salud pública y privada, las condiciones de acceso las deberá establecer el Ministerio de Salud Pública a través de protocolos, y finalmente cuales son las condiciones frente al trámite, es decir, una denuncia, con la sola palabra de la víctima podrá acceder al aborto, estamos discutiendo a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo que actualmente está encabezada por la doctora Zaida Rovira, ha estado caminando por todo el país, estableciendo mesas de diálogo para que todas las personas sin distinción de ideología, posición política, puedan aportar, a la construcción de esta norma”, expuso.
El coordinador de Protección de los Derechos aclaró que, el tema del aborto no se puede solo con abogados, prensa, sociedad civil, ya que debe ser resuelto en conjunto, tiene aristas sociales, legales, técnico medicas, por eso es importante que la construcción sea conciliadora, participativa, el aborto como muchos procedimientos médicos tiene un alto riesgo, en cualquiera de sus etapas, también se sebe discutir como debe ser el tema del consentimiento informado para menores de edad, adultos y adultas, que han sido violadas, se necesita una norma adecuada para que proteja los derechos de la niñez y de las mujeres en el país.
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