Una de las determinaciones que se han regidos las autoridades penitenciarias tras los enfrentamientos en las cárceles ha sido el traslado de reos peligrosos de una ciudad a otra.
Ocurrió en la masacre del 3 de abril en Turi, que causó 20 muertos. Esa noche por vía aérea se decidió trasladar a un grupo de cabecillas a la cárcel de La Roca en Guayaquil.
La misma táctica se adoptó el 9 de mayo por la masacre de Santo Domingo de los Tsáchilas, que registró 44 muertos. Por la noche, seis cabecillas de bandas, igualmente por vía aérea, fueron enviados a Guayaquil, uno fue a la Penitenciaría y cinco a La Roca. Y este miércoles 11, tras otro intento de amotinamiento, se dispuso el traslado de 76 reos a otros centros.
Un especialista en temas de seguridad refiere que esa estrategia de sacar a cabecillas de bandas de un lado a otro no acción efectiva si se considera que varios de ellos han usado acciones judiciales para salir de La Roca con el fin de ser enviados a otras cárceles, como sucedió con dos líderes de Los Lobos y R7.
Además, porque ya las bandas no solo tienen alcance en una sola cárcel, sino que tienen miembros regados en todos los centros carcelarios.
Ese peregrinaje de reos ha comenzado a levantar inquietud y rechazo en las ciudades que albergan centros penitenciarios.
“Esta ciudad, la más convulsionada, fue elegida como depósito de los más peligrosos delincuentes del país”, escribió este 9 de mayo la alcaldesa Cynthia Viteri para reaccionar frente al anuncio del Ministerio del Interior, que procedió con el traslado de 6 PPL cabecillas de bandas criminales.
El Ministerio dijo que esa era una respuesta que merece una ratificación contundente de la administración de justicia para mantener el orden en el sistema carcelario.
Viteri ha cuestionado en las últimas semanas la falta de un plan estratégico del Gobierno en materia de seguridad que permita frenar esta ola violenta que se vive en el país.
Según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), al 29 de noviembre de 2021 había un total de 36.599 personas privadas de libertad en 36 centros de detención.
Entre las cárceles con más presos a esa fecha estaban la cárcel Guayas n.° 1 con 7.231 personas detenidas; en la Guayas n.° 4 había 4.978; y Cotopaxi n.° 1, 4.890.
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