Tras el juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar, el Partido Social Cristiano, afirma su posición.
No votarán por una eventual moción de censura, tal como lo prometieron tiempo atrás, pese a las insistencias del correísmo, impulsador de la interpelación.
Taiano aclaró que una cosa es calificar el juicio político, cumpliendo así el procedimiento administrativo, y otra muy distinta apoyar una posible censura. Y eso cuando ocurra el proceso, que podría ser en un año o más, ya que la ley establece que deben evacuarse las interpelaciones –que son muchas- en el orden en que sean propuestas.
El legislador explicó que el pedido de juicio fue calificado –y solo eso- por el CAL. De ahí debe pasar a la Comisión de Fiscalización, donde se despacharán evidencias, testimonios y pruebas de parte y parte. Y solo entonces, cuando se agoten los trámites, llegará al pleno.
Sin embargo, y desde ya, Taiano puntualizó que no votarán por la censura, si es que llega a plantearse. ¿El motivo? Al revisar las acusaciones, establecieron que en el fondo son apreciaciones muy subjetivas. Así de simple.
Sí al Consejo de la Judicatura
En cambio, el PSC sí apoya y apoyará el juicio político a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura; Xavier Muñoz, vocal del organismo; y Maribel Barreno, ex vocal.
Los motivos: las graves, gravísimas irregularidades detectadas en el concurso que realizan para elegir nuevos jueces de la Corte Nacional; la prórroga de algunos magistrados por su cuenta y riesgo; y el atropello a ciertas decisiones judiciales.
Taiano dijo sentirse preocupado por la gravedad de estas denuncias, e incluso por las críticas de veedores internacionales, que han señalado sus preocupaciones por las anomalías en el concurso.
Reformas penales
En otro ámbito, el asambleísta anunció que su bancada traba en el análisis de varios proyectos de reformas penales, a fin de unificarlos y plantearlos ante el pleno.
Asimismo, destacó la propuesta de su bloque para aumentar las penas contra ciertos delitos, como extorsión y secuestro, y establecer que ningún sentenciado por estos motivos podrá acogerse a beneficios penitenciarios. Es decir, deberán cumplir toda la condena.
Con ello, dijo, se evitarán “acciones de protección” y otros recursos, que usan los delincuentes para salir de prisión, en complicidad con jueces corruptos.