La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó enérgicamente las nuevas sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra varios de sus jueces y fiscales adjuntos, calificándolas de «ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial».
El viernes 09 de octubre, el Gobierno estadounidense anunció fuertes sanciones contra la CPI, lo que supone una importante escalada en su intento por «desmantelar» a una institución que considera «rebelde».
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que las medidas, que incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, tenían como objetivo «defender la soberanía de Estados Unidos» y acusó al tribunal de intentar enjuiciar a ciudadanos estadounidenses.
Este anuncio se produjo horas después de que la exjueza de la CPI, Navi Pillay, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.
La Corte advirtió que estas medidas no solo amenazan el estado de derecho internacional, sino que también afectan directamente a las víctimas, «que acuden a la Corte cuando han agotado todas las demás vías».
Tras ello, el secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó la decisión de Estados Unidos y advirtió que estas medidas ponen en peligro la capacidad del tribunal para cumplir su mandato y suponen un duro golpe a la justicia penal internacional.
Guterres instó a todos los países que respeten sus compromisos jurídicos y respalden la rendición de cuentas por los crímenes más graves.
Mientras que el alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones de «inaceptables» y pide que se retiren de inmediato.
La presidenta de la Corte, Tomoko Akane, denunció en un comunicado de que estas medidas buscan obstaculizar la justicia e intimidar a quienes trabajan con el tribunal.
Akane asegura que seguirá cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, basándose en la ley y las pruebas. “La Corte no se dejará amedrentar”, aseveró.
Las sanciones estadounidenses se producen en un contexto de tensiones por las investigaciones de la CPI, que han incluido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ni Estados Unidos ni Israel son partes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte.
La CPI, con 125 Estados Parte de todas las regiones, funciona como un tribunal de última instancia para juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. A pesar de las presiones, la Corte ha dejado claro que su labor «se lleva a cabo en el interés exclusivo de las víctimas de crímenes internacionales» y que no se dejará disuadir por «restricciones, presiones o amenazas”.
Foto Cortesía