Seis personas, entre ellas Sonia Mora Pintos, jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, enfrentan imputaciones por presuntos delitos de «trata de personas» y «asociación para delinquir» vinculados con la explotación laboral de venezolanos en el departamento de Artigas, al norte del país, cerca de las fronteras con Brasil y Argentina. La fiscal Sabrina Massaferro acusa a estos individuos de participar en una red que reclutaba a venezolanos para trabajar en condiciones de explotación laboral, especialmente en una cantera de piedras semipreciosas. Más de 30 venezolanos fueron víctimas de estas prácticas, y la denuncia provino de uno de ellos, quien llegó a Uruguay en enero.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, pero el juez optó por medidas alternativas, como la obligación de fijar domicilio, prohibición de salir del país, retención de documentos de viaje, prohibición de comunicación, acercamiento a las víctimas, arresto domiciliario nocturno y uso de un dispositivo de monitoreo electrónico.
Los imputados, según la fiscalía, atraían a venezolanos a Uruguay con ofertas laborales que incluían trabajar en una cantera de piedras semipreciosas en Artigas, a cambio de un ingreso mensual entre US$ 1,500 y US$ 2,000, con alojamiento, comida y seguro médico. El horario laboral sería de 8 horas diarias, según la legislación uruguaya. Estas ofertas eran presentadas durante entrevistas por videollamadas en la red social Telegram. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que se trata de un caso de «explotación laboral», ya que los venezolanos, a pesar de las condiciones prometidas, trabajaban 12 horas al día y solo recibían un pago máximo de US$ 250.
La fiscal del caso describe la situación de la siguiente manera: «Este grupo de migrantes, engañados y afectados por la crisis económica en su país, aceptó la oferta y emprendió el viaje el 9 de enero desde la Ciudad de Anaco hacia la Ciudad de Santa Elena en ómnibus. Después de cruzar la frontera con Brasil y realizar cuatro escalas, llegaron finalmente a San Pablo, desde donde tomaron un avión con destino a Montevideo». Los boletos fueron coordinados y financiados por los imputados, y en el aeropuerto, la funcionaria del Ministerio de Defensa uruguayo, que se presentó como abogada de la empresa ante las víctimas, los recibió.
Pocos días después, la abogada del Ministerio de Defensa retuvo sus documentos y, además, «los hizo firmar una declaración jurada y los contratos, los cuales debieron ser firmados sin previa lectura», según detalla el documento de la Fiscalía.
El informe de la investigación fiscal concluye que «los acusados forman parte de una organización criminal con el propósito de explotación laboral, buscando beneficio económico a través del comercio de seres humanos. Participan en el reclutamiento, transporte y acogida de migrantes en extrema vulnerabilidad social, sometiéndolos a diversas actividades que menoscaban su dignidad humana».
El Ministro de Defensa, Javier García, afirmó que la funcionaria de su ministerio vinculada al caso es una empleada «de carrera» con más de 30 años en el ministerio y que no era «asesora personal ni cargo de confianza» suyo. No obstante, la oposición uruguaya difundió una resolución ministerial del año 2023 que la designa en el cargo de «jefa interina de la Sección Notarial».