Justo dos días después de su retorno a Argentina con la intención de recobrar su papel político, el expresidente Alberto Fernández se vio envuelto el 29 de febrero en un escándalo relacionado con la contratación de seguros por parte de entidades públicas durante su mandato.
El fiscal federal Ramiro González presentó cargos contra el expresidente Fernández y el exjefe de la empresa Nación Seguros, Alberto Pagliano. Se suma a la investigación un tercer implicado, Héctor Martínez Sosa, corredor de seguros y amigo de Fernández. La esposa de Martínez había sido secretaria privada del exmandatario argentino durante 20 años.
La acusación surge de una denuncia penal presentada por la abogada Silvina Martínez, quien los señaló por violación de deberes públicos, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
La denuncia solicita la investigación de presuntas irregularidades relacionadas con un decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021, que ordenaba a todas las entidades públicas contratar seguros con Nación Seguros, del Banco Nación estatal, beneficiando a amigos del expresidente que actuaban como intermediarios y cobraban comisiones millonarias.
El escándalo, que implica un fraude solo en ese organismo de 20 mil millones de pesos (20 millones de dólares), fue revelado por el exjefe de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano, destituido por razones políticas.
En una entrevista publicada este jueves en el diario La Nación, Fernández trató de distanciarse de la denuncia, afirmando: «No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó».
A pesar del intento de Fernández por desvincularse, Martínez Sosa y otros productores de seguros aparecen registrados como visitantes en 2020, incluso durante la pandemia de COVID-19, en los registros oficiales de visitas a la residencia presidencial en Olivos.
El fiscal ha solicitado la revelación de «todos los convenios o contrataciones» realizados por distintas entidades del Estado Nacional bajo los términos del decreto, utilizando intermediarios, y que la Superintendencia de Seguros de la Nación aclare el porcentaje de mercado para este tipo de operaciones.