Tres días después de la votación para la consulta popular y referéndum de 2024, surgen dudas sobre la implementación y el calendario de aplicación de las medidas aprobadas. La ciudadanía ecuatoriana apoyó nueve de las once preguntas propuestas por el Ejecutivo, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad.
No obstante, según el calendario electoral, los resultados oficiales no se publicarán hasta el 5 de junio, lo que significa que las reformas aprobadas no entrarán en vigor hasta entonces, y en algunos casos, el proceso se extenderá hasta un año. A pesar de las promesas de nuevas herramientas para combatir el crimen, aún no está claro cuándo exactamente se implementarán.
Durante el referéndum, se aprobó una pregunta que redefine el papel de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles colaborar con la Policía en operaciones contra el crimen organizado, lo que sugiere un cambio en su función tradicional de defensa del territorio nacional a un rol de apoyo complementario. Este cambio implica que no será necesario declarar estados de excepción para enfrentar situaciones de grave conmoción interna, aunque en la práctica, los procedimientos serían similares.
Entre otras medidas, se aprobó la autorización permanente para que los militares inspeccionen armas en centros de rehabilitación social, y se permitió la transferencia de armas usadas en delitos a la Policía o las Fuerzas Armadas. Estas y otras preguntas requerirán la aprobación del Legislativo antes de su implementación.
Además, la consulta popular incluyó la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, que requieren un año para entrar en vigor y un proceso de selección de jueces especializados.
Por otro lado, la medida sobre la extradición de ecuatorianos será efectiva inmediatamente después de la publicación oficial de los resultados el 5 de junio. Cada caso de extradición deberá ser cuidadosamente analizado por jueces ecuatorianos, teniendo en cuenta los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Finalmente, las preguntas sobre el cumplimiento de sentencias, el aumento de penas y la confiscación de bienes de origen ilícito al Estado también están pendientes y requerirán procesos legislativos adicionales para su implementación.