El 29 de mayo de 2024, la Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en representación del Estado ecuatoriano contra 11 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Purga.
Entre los acusados se encuentran el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes Alarcón; su esposa Mónica Alvarado Bardi; María Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas; Ruth Solano Padilla, exprocuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Fausto Alarcón Gómez, empresario y primo de Pablo Muentes.
También se incluyen los jueces Johann Gustavo Marfetán, Henry Robert Taylor, Nelson Mecías Ponce, Reinaldo Efraín Cevallos, Alberto Lino Tumbaco y Guillermo Pedro Valarezo Coello.
El único que no fue acusado por la Procuraduría, pero que sigue siendo procesado en el caso, es Saúl Mero Zambrano, quien habría participado en el archivo de sumarios administrativos para beneficiar a Fabiola Gallardo.
Según la Fiscalía, Mero era la mano derecha de Mercedes Villarreal, la directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, quien logró escapar a España el día que iba a ser detenida.
Esta acusación fue presentada ante la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia.
La Procuraduría solicitará que en sentencia se ordene el cumplimiento de medidas de satisfacción y de la reparación material que corresponda. La instrucción fiscal del caso Purga culminará en la primera semana de junio.