El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) llevó a cabo un sorteo y asignó al juez Fernando Muñoz Benítez el proceso de la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), contra la vicepresidenta Verónica Abad por una presunta infracción electoral grave.
Muñoz, quien también preside el TCE, ordenó el 29 de mayo de 2024 que Guarderas aclare su calidad en el proceso y especifique cómo el acto denunciado ha afectado sus derechos personales.
El juez instruyó al denunciante a enumerar los peritajes necesarios y la especialidad de los peritos requeridos.
Guarderas había anunciado que presentaría una denuncia contra la vicepresidenta con base en un audio periciado donde Abad supuestamente realizaba precampaña. Sin embargo, el juez indicó que los peritos en procesos contencioso-electorales deben ser designados por el juez y estar acreditados por el Consejo de la Judicatura.
Para continuar con el proceso, Muñoz pidió a Guarderas que entregue la documentación pertinente en la Secretaría del TCE. El caso se sustanciará en días hábiles, ya que no está relacionado con el período electoral en curso.
Según el artículo 278 del Código de la Democracia, una infracción electoral grave podría resultar en una multa de entre once y veinte salarios básicos unificados (hasta 9.200 dólares), destitución y/o suspensión de los derechos de participación hasta por dos años.