En los últimos dos días, Diego Garrido, concejal de Quito, pagó una deuda de más de 80,000 dólares al Servicio de Rentas Internas (SRI), eliminando así un impedimento para ejercer cargos públicos. Según el Ministerio de Trabajo, esta deuda podría haber sido motivo para iniciar un proceso de remoción, a través de una denuncia ciudadana o de oficio por el Ministerio.
Garrido debía 87.909,13 dólares al SRI por no pagar el impuesto a la renta de 2012 y tampoco había presentado las declaraciones de los años 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, en su cuenta de X, Garrido informó que su deuda era de 82,593.95 dólares y ya estaba pagada, asegurando que no tenía impedimentos para ejercer su cargo.
Afirmó que en su declaración juramentada reconoció la deuda y acordó un plan de pagos con el SRI, lo cual fue validado por un certificado del Ministerio de Trabajo en mayo de 2023.
El concejal subrayó que su deuda está completamente cancelada gracias a un beneficio legal, y que por lo tanto no tiene restricciones para su cargo. Este caso ha generado críticas sobre la imagen del Concejo Metropolitano, con voces como la de Esteban Ron, especialista en Democracia y Gobierno, destacando que un incumplimiento de requisitos puede llevar a la remoción del cargo, iniciándose un proceso administrativo donde el concejal puede presentar su defensa.