La significativa disminución en la producción petrolera, exacerbada por la salida temporal de operación del OCP, llevó a Petroecuador a declarar el estado de fuerza mayor y reducir la producción diaria de petróleo hasta en 30,000 barriles. Esta situación afectó directamente la capacidad de pago del país y aumentó la percepción de riesgo para los inversores.
En segundo lugar, un apagón nacional inesperado, conocido como «black out», también contribuyó de manera notable al incremento del riesgo país. Este evento sorprendió a la población y a los mercados, generando preocupaciones adicionales sobre la estabilidad y la capacidad de gestión energética del país.
El riesgo país es un indicador crucial que influye directamente en las tasas de interés para el acceso al crédito tanto público como privado. Creado por JPMorgan Chase & Co., evalúa las perspectivas de pago de la deuda de un país y es sensible a eventos como los mencionados anteriormente, que afectan la economía y la estabilidad financiera de Ecuador.
Por otro lado, en el complejo caso judicial que involucra a Federico Goldbaum, miembro del directorio de Seguros La Unión y excuñado del presidente Daniel Noboa, se destacan acusaciones de peculado relacionadas con contratos millonarios de Petroecuador. La defensa de Goldbaum ha cuestionado la falta de pruebas en las acusaciones presentadas por Édgar Lama Von Buchwald, amigo cercano del presidente Noboa y su abogado personal. El fiscal Carlos Alarcón, a cargo tanto del caso de Goldbaum como del mediático caso Nene, ha sido objeto de críticas por su gestión del proceso judicial, incluyendo controversias sobre la designación de defensores públicos y la prolongación de plazos procesales.
Tanto el riesgo país como el contexto judicial en Ecuador reflejan desafíos significativos que afectan tanto la estabilidad económica como la administración de justicia en el país sudamericano.
Foto cortesía