El Gobierno de Daniel Noboa ha presentado una denuncia penal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y otras personas, así como contra dos compañías, por presunto comercio irregular de combustibles. La denuncia, presentada por Franklin Erreyes, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, surge tras detectarse discrepancias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador EP y el volumen facturado por varias estaciones de servicio.
Se señala que Copedesa Gasgrupco S.A. y Fuelcorp S.A. habrían comercializado productos hidrocarburíferos sin autorización adecuada. Fuelcorp S.A., presidida por César Ibañez, ha vendido cantidades significativas a contribuyentes no registrados como comercializadores, y se ha encontrado que abastece gasolina Extra a vehículos que deberían usar Diésel, y viceversa.
El contexto de la denuncia incluye tensiones previas entre el presidente Noboa y el alcalde Álvarez por temas como garantías soberanas para proyectos de agua potable y la reciente eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, justificada por el Gobierno para combatir el contrabando de combustibles. Noboa mencionó en una entrevista que ciertas empresas han lucrado millones con este contrabando, beneficiándose de un control laxo anterior.
Arturo Félix, secretario de Administración Pública, ha respaldado la eliminación de los subsidios argumentando que estos no beneficiaban a los sectores más necesitados ni a los transportistas, y se mostró desconocedor pero favorable a las acciones de regulación en curso.
La denuncia surge en un contexto político y económico tenso, reflejando un esfuerzo del Gobierno por reforzar el control sobre los recursos energéticos y combatir prácticas irregulares en el sector de combustibles.