Desde el viernes 12 de julio de 2024, Panamá desplegó patrullas de la guardia costera en el Caribe y el Pacífico para frenar la migración irregular. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que estas operaciones incluyen la retención y entrega a las autoridades colombianas de cualquier persona que intente ingresar a Panamá en bote con migrantes irregulares, lo que ha generado tensiones con Bogotá.
Las órdenes fueron impartidas al Servicio Nacional Aeronaval y al Servicio Nacional de Fronteras tras la decisión del presidente José Raúl Mulino de cerrar cinco pasos en la selva de Darién, en la frontera con Colombia. Ábrego confirmó el cierre de otros cinco senderos en la jungla para controlar el tránsito de migrantes a través de un «paso humanitario» que lleva a un centro de recepción migratoria.
El paso humanitario comienza en Cañas Blanca, sigue por el Río Turquesa, pasa por Bajo Chiquito y llega a Lajas Blancas, donde los migrantes son atendidos por organizaciones internacionales como la Cruz Roja y UNICEF. Este corredor humanitario permite que las patrullas fronterizas mantengan la seguridad y combatan efectivamente a quienes intenten cometer delitos contra los migrantes.
Uno de los mayores desafíos para las autoridades panameñas es la falta de documentos de identidad entre los migrantes, lo que ha llevado al uso de huellas dactilares y reconocimiento ocular, detectando a unas 3,000 personas vinculadas a diversos delitos. De enero a julio de este año, 208,308 migrantes irregulares atravesaron la selva de Darién rumbo a Estados Unidos, con un total de 520,085 personas transitando el año pasado. Los migrantes, predominantemente venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos, son trasladados en autobuses a Costa Rica como parte de un acuerdo bilateral para continuar su ruta hacia el norte.