Las protestas en Venezuela por la sospecha de un fraude cometido por el Gobierno en las elecciones presidenciales del domingo para otorgar la victoria a Nicolás Maduro han dejado al menos seis muertos y cientos de detenidos en menos de 24 horas. Se trata de unas movilizaciones que pueden considerarse ya masivas, con miles de personas en las calles de las principales ciudades venezolanas. La mayoría de los negocios han cerrado este martes en Caracas y los trabajadores no han acudido a sus oficinas. El transporte público ha sido reducido al mínimo servicio. La gente trataba de hacerse con provisiones por si la situación de violencia escala. Por el momento, el presidente Nicolás Maduro no ha dado ninguna muestra de querer llevar a cabo un escrutinio transparente del voto, a pesar de que una parte importante de la comunidad internacional se lo exige para reconocerle como un mandatario legítimo.
La represión comenzó a las pocas horas del inicio de las protestas. Agentes de seguridad se llevaron este martes de su casa al opositor Freddy Superlano, vinculado a María Corina Machado, la líder antichavista que consiguió movilizar el domingo a una parte importante del país para que acudiera a las urnas. Las organizaciones de derechos humanos están recibiendo decenas de denuncias de desapariciones por toda Venezuela. El fiscal general, el chavista Tarek William Saab, ha dicho que hay 749 detenidos y un funcionario fallecido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Foro Penal, una organización muy fiable con sus datos, habla de seis muertos en el marco de las protestas, por el momento.
La presión internacional sobre Maduro continúa. Los líderes de Estados Unidos y Brasil, Joe Biden y Lula Da Silva tenían previsto mantener este martes una conversación telefónica para abordar la crisis venezolana. Ambas naciones han pedido estos días al presidente chavista que publique todas las actas de votación para despejar cualquier sospecha de fraude. Lula y Gustavo Petro, presidente de Colombia, mantiene una interlocución fluida con Caracas, por lo que han tenido mucho tacto a la hora de pedir transparencia, algo en lo que los dos líderes coinciden. Meses atrás, utilizaron sus canales diplomáticos para tratar de convencer a Maduro de la necesidad de firmar un compromiso de aceptación de resultados, para al final no lo hizo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también se ha sumado a estas exigencias de transparencia. El primero en hacerlo fue el chileno Gabriel Boric, en un lenguaje mucho más confrontativo. De acuerdo a una información de Reuters, la Casa Blanca estudia aplicar sanciones individuales a los funcionarios venezolanos involucrados en el proceso electoral.
El pulso entre el chavismo y la oposición se ha trasladado en las calles. Machado convocó una manifestación a la que acudieron miles de personas y cortó varias avenidas de Caracas. “Nunca había visto tanta unión. Estoy orgullosa de lo que hemos hecho”, comentó la ingeniera Marlene Hernández, de 50 años, preparada para recibir a la líder opositora, que no pudo presentarse a las elecciones al haber sido inhabilitada por los tribunales controlados por el chavismo. Cuando ese veto se confirmó, le cedió su lugar a Edmundo González, un académico y diplomático de 74 años que ya estaba retirado de cualquier cargo público. Edmundo es quien aparecía en las papeletas para enfrentarse a Maduro y quien, según el conteo de las actas a las que ha accedido la oposición, sacó más de seis millones de votos, frente a los 2,5 del actual presidente. “Estoy esperanzada, pero me preocupa que inicie un nuevo ciclo de violencia”, comentaba Jessica Zambrano, de 47 años. “Esto es una protesta del pueblo”
Para unas horas después, Maduro llamó a su gente a salir a las calles a contrarrestar el empuje de los manifestantes opositores. A las fuerzas de seguridad se han unido los colectivos, grupos de jóvenes armados y en moto que ejercen violencia callejera. Hugo Chávez se apoyó en estos escuadrones paramilitares para controlar los barrios durante su presidencia. En la campaña, que ha transcurrido en paz, los colectivos apenas se dejaron ver. Aparecieron para entorpecer algunos mítines de Machado y Edmundo, pero sin llegar a provocar grandes altercados. Ahora, en este momento de máxima tensión, han regresado a la primera línea.
Los observadores internacionales también han mostrado abiertamente sus dudas a la claridad del proceso electoral. El Centro Carter, que dispuso a 17 veedores sobre el terreno, ha cancelado la declaración preliminar que suele ofrecer pocos días después de unas elecciones y su personal ha abandonado el país con dos días de antelación ante la preocupación de que la crisis vaya a más y acabe cerrando el aeropuerto. Copa, la principal aerolínea que conecta Venezuela con el resto de países de la región, cesará a partir de mañana sus operaciones. El aeropuerto estaba lleno desde la mañana de diplomáticos que habían acudido como acompañantes de la votación y temían quedarse atrapados.
El descontrol que se vive a estas horas en el país ha generado la preocupación de que la situación pueda derivar en un baño de sangre. El papel que juegue en estos días el ejército resulta fundamental. A los militares se les presupone una lealtad al chavismo que aseguró Chávez con purgas en la cúpula y que ha conservado Maduro dotando de mucho poder a los generales. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que días atrás le reconoció a Maduro la victoria, ha dicho que van a garantizar “la paz” de Venezuela y no dejarán que se perturbe la calma en el país después de “la demostración de civismo” que se vivió el domingo. Sin embargo, el temor a una represión aún mayor preocupa a todo el mundo.
Edmundo ha pedido a los funcionarios venezolanos que no empleen la fuerza contra los manifestantes: “A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular”.
Fuente: El País