Dejaron atrás sus uniformes camuflaje y verde oliva. Ahora visten trajes oscuros, usan gafas de sol y equipos de intercomunicación. Se trata de los agentes de protección de la Policía Nacional. Su tarea es salvaguardar la vida de las máximas autoridades del país.
La crisis de seguridad que vive Ecuador ha cambiado el escenario en varios sentidos. Uno de ellos es el servicio público. Altas autoridades, dignatarios y candidatos son objetivos de las bandas narcodelictiva como posibles víctimas de secuestro, extorsión e incluso asesinato.
El caso más emblemático es el de Fernando Villavicencio. El 9 de agosto de 2023, siendo candidato a la presidencia de la República, el político fue asesinado a la salida de un evento de campaña, en el norte de Quito. Un sicario le disparó en la cabeza.
17 días antes, en Manta, también fue asesinado Agustín Intriago, entonces alcalde de esa ciudad. Tanto Villavicencio como Intriago estaban bajo custodia de agentes de la Policía Nacional. Pero eso no fue suficiente para evitar los atentados en su contra y sus muertes.
El primer paso que tomó el Gobierno de Guillermo Lasso, tras el asesinado de Fernando Villavicencio, fue actualizar la normativa que sustenta la protección policial en Ecuador. Esta norma se mantiene hasta la actualidad.
El 22 de noviembre de 2024, el entonces ministro Juan Zapata firmó el Acuerdo Ministerial 150. Este documento establece los parámetros y procedimientos para las actividades de seguridad y protección oficial.
Una de las salvedades que hace esta norma tiene que ver con la Asamblea Nacional. Ni los legisladores ni los aspirantes a curules pueden pedir seguridad policial. Mientras que la protección del Presidente y Vicepresidente de la República está a cargo de la Casa de Seguridad Militar.
Además, se establece que las entidades de origen de los solicitantes de seguridad deben tener partidas presupuestarias aprobadas para cubrir los gastos de viáticos, transporte e implementos de seguridad de las cápsulas de seguridad asignadas.