La investigación preliminar sobre el delito de traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa prosiguió el lunes 19 de agosto con el testimonio de Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo, quien presentó la denuncia como ciudadana y no en su rol de funcionaria pública el 11 de abril. Núñez afirma que el exmandatario ecuatoriano y líder del movimiento Revolución Ciudadana incurrió en traición al país al hacer declaraciones a medios locales y extranjeros pidiendo sanciones contra Ecuador e incitando al “pánico” tras la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito el 5 de abril.
Más de cuatro meses después de la denuncia, Núñez ha reafirmado que las declaraciones del “sujeto investigado” sobre una posible guerra, la sugerencia de cerrar el puerto de Guayaquil y el fomento de que México reprimiera a Ecuador no pueden considerarse parte de la libertad de expresión, sino como delitos contra el orden público. Según la denunciante, el artículo 13, literal b, del Pacto de San José establece que la libertad de expresión debe proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud mental o moral pública.
Núñez también destacó que las declaraciones del exmandatario se dieron cuando el país estaba en estado de excepción y bajo la declaración de conflicto armado interno (decretos ejecutivos números 110 y 111 del 8 y 9 de enero de 2024, respectivamente). Además, señaló que la Corte Constitucional emitió dos dictámenes de constitucionalidad, los números 1-24-EE/24 y 2-24-EE/24, que indican que las medidas extraordinarias en estados de excepción se aplican para enfrentar situaciones imprevisibles.
Como denunciante, Núñez ha solicitado a la Fiscalía que continúe con la fase de investigación y los peritajes correspondientes. Aún se espera que el exmandatario, que se encuentra en Bélgica desde mediados de 2017, sea llamado a rendir su versión. En respuesta a la denuncia, Correa escribió en su cuenta personal de la red X: “¡En qué manos estamos! ¡Sinvergüenzas!”.