El 22 de agosto, el juez Édgar Javier Romero aceptó una acción de protección presentada por la legisladora oficialista Inés Alarcón contra la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Con esta decisión, ordenó la reanudación de los juicios políticos contra tres exfuncionarios de Guillermo Lasso que habían sido archivados.
Por su parte, Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, tildó este fallo de «una metida de mano a la justicia». Afirmó que contradice una sentencia de la Corte Constitucional y, por lo tanto, no se acatará. Además, anunció que el Parlamento tomará medidas administrativas contra el juez por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura y presentará una denuncia penal por prevaricato. Muñoz también indicó que «se revisarán las actuaciones» de Inés Alarcón.
Alarcón presentó esta acción porque no estaba de acuerdo con el retiro de firmas en los juicios políticos contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Finanzas; y Andrea Montalvo, exministra de Senescyt. Aunque el oficialismo promovía estos juicios de fiscalización, el retiro de firmas impidió su tramitación y los procesos fueron archivados. El retiro de firmas se debió a que algunas bancadas consideraron que los juicios políticos se habían presentado para adelantarse a los de Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia, con el fin de proteger a estas últimas.
La Asamblea ya había criticado a Inés Alarcón por presentar inicialmente una acción de protección en Iñaquito y luego retirarla para volver a presentarla en Quitumbe, calificando ese movimiento como una «manipulación de la justicia».