En un reciente y preocupante desarrollo, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó la ejecución de al menos 30 funcionarios tras las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que golpearon al país en julio, según informes de medios surcoreanos. Estas catástrofes naturales, causadas por intensas lluvias, resultaron en la trágica pérdida de entre 4.000 y 5.000 vidas y dejaron a más de 15.000 personas desplazadas. La decisión de Kim Jong-un subraya la gravedad de la situación en Corea del Norte y la respuesta extrema del régimen ante la incapacidad de sus funcionarios para manejar la crisis.
La cadena surcoreana TV Chosun informó que los funcionarios ejecutados fueron acusados de corrupción y negligencia en el desempeño de sus deberes. Según un oficial del régimen citado por el medio, entre 20 y 30 funcionarios fueron ejecutados simultáneamente a finales del mes pasado en las áreas afectadas por las inundaciones. El desastre natural afectó principalmente a la provincia de Chagang y la región fronteriza con China, en la cuenca del río Yalu, donde las inundaciones causaron daños significativos, sumergiendo miles de viviendas y hectáreas de tierras agrícolas.
En respuesta a la catástrofe, Kim Jong-un convocó una sesión de emergencia con altos funcionarios, incluyendo a Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang, y al Ministro de Seguridad Pública, para destituirlos de sus cargos. Según un exdiplomático norcoreano, los funcionarios estaban sumidos en un estado de ansiedad extrema ante la posibilidad de ser castigados. A pesar de la magnitud del desastre, Kim rechazó la ayuda internacional y ordenó que los desplazados fueran trasladados a la capital para recuperarse, minimizando las cifras de muertes reportadas por los medios surcoreanos.
Las ejecuciones públicas no son un fenómeno nuevo en Corea del Norte. Antes de la pandemia de COVID-19, el país registraba un promedio de 10 ejecuciones públicas anuales, una cifra que ha aumentado notablemente en los últimos años, alcanzando cerca de 100 ejecuciones, según el Korea Times. Este aumento coincide con un endurecimiento del régimen en su lucha por controlar la influencia extranjera, especialmente entre la juventud. Sin embargo, el gobierno norcoreano sostiene que las ejecuciones públicas son raras y que la pena de muerte se aplica en casos excepcionales.
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