Xavier Burbano, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), afirma que el anticorreísmo está manipulando la institución, con la destitución de los consejeros titulares Yadira Saltos y Augusto Verduga, y los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, a través del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz.
En una entrevista con Radio Pichincha, Burbano señaló que el objetivo es remover a los cuatro consejeros para reconfigurar el Consejo con una nueva mayoría, lo que él calificó como una “leguleyada”. Aunque los consejeros fueron destituidos en primera instancia, aún está pendiente la resolución de una aclaración del fallo y la apelación en segunda instancia, por lo que continúan en sus funciones.
Burbano destacó que la meta de esta intervención es perseguir a la Revolución Ciudadana, evitar el regreso de Rafael Correa al país, y advertir a quienes apoyan ese movimiento sobre las consecuencias que podrían enfrentar.
Explicó que este manejo en el Consejo de Participación Ciudadana es estratégico porque la institución es responsable de designar autoridades, y en este momento, los consejeros están enfocados en crear un reglamento para la designación del próximo fiscal general del Estado que reemplace a Diana Salazar, cuyo mandato termina en abril de 2025.
Burbano sugirió que la estrategia es retrasar el proceso hasta que se tenga un nuevo reglamento para la designación, lo que podría permitir a Salazar extender su mandato.
Finalmente, Burbano advirtió que con una nueva mayoría en el Consejo de Participación, el gobierno actual o los anticorreístas tendrán el poder de nombrar autoridades y continuar con la persecución a la Revolución Ciudadana.
Xavier Burbano sobre los efectos del Gobierno de Moreno
Xavier Burbano comentó que la situación política actual es una consecuencia del gobierno de Lenín Moreno, quien en 2018 convocó a una Consulta Popular que resultó en la creación de un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Este Consejo, presidido por Julio César Trujillo, fue el encargado de evaluar a las autoridades.
Burbano explicó que el Consejo de Trujillo desmanteló al Consejo de la Judicatura liderado por Gustavo Jalkh y nombró a Marcelo Merlo en su lugar, quien a su vez cesó a varios jueces y designó a 26 conjueces temporales, entre ellos Wilman Terán.
Recordó que estos conjueces temporales, designados sin concurso, fueron los que intervinieron en el caso Sobornos contra Rafael Correa, lo que Burbano considera parte de un esfuerzo por “eliminar” a la Revolución Ciudadana.
Asimismo, Burbano opinó que, dado lo sucedido recientemente con los cuatro consejeros del Consejo de Participación, es necesario reconsiderar la forma en que se selecciona a los miembros de este organismo.
Antes, los consejeros no eran elegidos por voto popular, sino a través de un concurso supervisado por una comisión ciudadana de selección, con representantes tanto del Estado como de la ciudadanía, escogidos por méritos y mediante notario público.
Burbano criticó que la destitución de los cuatro consejeros por presunto proselitismo político es una muestra de la falta de imparcialidad, señalando que mientras ellos fueron removidos, Nicole Bonifaz, auspiciada por Jaime Nebot, no ha sido sancionada.
Según él, esto evidencia una “selectividad absoluta” en la aplicación de sanciones, mencionando también el caso de Alembert Vera, quien fue destituido por motivos similares.
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