El expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue condenado a seis años y tres meses de prisión por la firma de un centenar de contratos petroleros sin aprobación parlamentaria durante su gobierno, informó el Ministerio de Justicia.
Sánchez de Lozada, quien gobernó el país en los períodos 1993-1997 y 2002-2003, fue hallado culpable de los delitos de «conducta antieconómica» e «incumplimiento de deberes» por la Justicia boliviana.
«Estos delitos se cometieron al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos sin la autorización del entonces Poder Legislativo, en franca violación de la normativa constitucional y legal vigente en el momento de los hechos», señaló la institución en un comunicado.
La decisión fue tomada la noche del lunes por el Tribunal Supremo de Justicia luego de siete horas de deliberación, informó el Ministerio.
Junto a Sánchez de Lozada también fueron condenados a cinco años de cárcel los exministros de Hidrocarburos Jorge Berindoague y Carlos Alberto Contreras, así como Carlos Alberto López, ex viceministro del mismo sector.
La Constitución vigente de ese entonces exigía que todos los contratos de hidrocarburos fueran aprobados por el Congreso boliviano, pero «nunca fueron remitidos», dijo César Siles, ministro de Justicia, en conferencia de prensa.
El inicio del caso conocido como «Petrocontratos» se remonta a una denuncia interpuesta en 2005, que finalmente pasó a juicio en agosto de 2024.
El expresidente, quien ahora tiene 94 años y reside en Estados Unidos, renunció a la Presidencia y huyó de Bolivia en 2003 en medio de la «guerra del gas», un período de convulsión social y protestas que exigían la nacionalización de este recurso.
Los enfrentamientos entre civiles y policías y militares en las ciudades de La Paz y El Alto dejaron un saldo de al menos 60 manifestantes muertos y 400 heridos.
«Es una sentencia que aguardaban el pueblo boliviano (…) las víctimas de la ‘guerra del gas’ (…) el pueblo alteño», señaló Siles.
La resolución también permitirá iniciar el cobro de una «acción reparatoria civil y los trámites de extradición que habrá que comenzarse contra» los condenados, agregó.
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