La Ley Antipillos de Ecuador, conocida formalmente como el «Proyecto de Ley Orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos», ha sido un tema de controversia política en el país. A pesar de que el proyecto fue rechazado y archivado por la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 477 el 9 de diciembre de 2024 para implementar la ley. Esta situación ha generado un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que el proyecto había sido previamente desestimado por los legisladores, quienes no dieron su aprobación en el Pleno.
El Decreto Ejecutivo firmado por el presidente Noboa tiene como objetivo fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y mejorar la recaudación fiscal. Sin embargo, el rechazo de la Asamblea a esta ley, y la publicación de su archivo en el Registro Oficial el 28 de noviembre de 2024, complican la situación. A pesar de ser un proyecto archivado, la resolución correspondiente a la ley fue publicada en el Registro Oficial bajo el nombre de «Quinto suplemento al Registro Oficial No. 693», lo que ha generado confusión y tensión política.
El hecho de que la ley haya sido archivada en la Asamblea pero aún continúe siendo impulsada por el Ejecutivo plantea dudas sobre su validez y aplicación. Esto ha llevado a varios actores políticos a expresar su desacuerdo, argumentando que el presidente ha actuado por fuera de los procesos legislativos establecidos. En este contexto, desde el Parlamento se prevé presentar una demanda constitucional en los próximos días, buscando impugnar la medida ejecutiva tomada por el mandatario, al considerar que se trata de una sobrepaso a las competencias de la Asamblea.
El presidente Noboa ha defendido la necesidad de implementar la ley para combatir el lavado de activos y frenar la corrupción y otros delitos financieros en el país. En sus declaraciones, subrayó que el objetivo de la ley es mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos, combatiendo las redes de criminalidad que afectan a la economía ecuatoriana. La firma del Decreto Ejecutivo es vista como una respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía sobre la creciente inseguridad y la falta de medidas eficaces para frenar el crimen organizado.
Por otro lado, el legislador y algunos sectores de la oposición han señalado que el archivo de la ley en la Asamblea es una muestra de que no hay consenso en torno a su viabilidad y que la forma en que se busca implementar la ley mediante un decreto ejecutivo podría ser inconstitucional. La disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo pone en evidencia las tensiones políticas que existen en el país, especialmente en temas relacionados con la seguridad y el control de la corrupción.
Este conflicto no solo está relacionado con la ley en sí misma, sino también con el contexto político más amplio en Ecuador, donde las diferencias entre el presidente Noboa y la Asamblea Nacional se han intensificado en los últimos meses. Si bien el Ejecutivo busca avanzar en la lucha contra la criminalidad, la oposición parlamentaria ha cuestionado los métodos utilizados para implementar las reformas. La demanda constitucional que se prevé presentar será un paso clave en este proceso legal, y podría tener repercusiones en la relación entre los dos poderes del Estado.
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