La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, expresó su desacuerdo con la reciente decisión judicial que restituyó a Verónica Abad en su cargo como vicepresidenta del país. La jueza Nubia Vera emitió un fallo en el que anuló la suspensión de 150 días impuesta a Abad, argumentando que la medida violaba los derechos constitucionales de la funcionaria. En respuesta, Núñez calificó esta decisión de «incerta» y aseguró que apelará la sentencia ante instancias superiores, lo que podría alargar el proceso judicial.
El fallo de la jueza Vera ha generado un amplio debate, ya que también incluyó una orden para que la ministra Ivonne Núñez ofrezca disculpas públicas a Abad por la suspensión, lo cual ha sido considerado por la funcionaria como una vulneración a sus competencias. La ministra se mostró frustrada por la decisión judicial y aseguró que la suspensión de Abad fue una medida tomada de acuerdo con las leyes y precedentes establecidos en la Constitución de Ecuador.
En sus declaraciones, Ivonne Núñez insistió en que el fallo de la jueza Vera es «lamentable» y consideró que la sentencia viola no solo los derechos constitucionales del Estado, sino también los precedentes de la Corte Constitucional. La ministra cuestionó la validez de la decisión, argumentando que no se tomaron en cuenta los procedimientos legales establecidos para la suspensión de un alto funcionario en el país.
El caso de la suspensión de Verónica Abad ha generado controversia desde su inicio, ya que la decisión fue tomada en un contexto político tenso. Núñez, en sus declaraciones, también denunció presiones de diferentes actores políticos y del propio Consejo de la Judicatura, quienes, según su versión, intentaron influir para que el fallo fuera a favor de Abad. La ministra aseguró que hubo amenazas de destitución por parte de representantes del Consejo para que se emitiera una resolución favorable a la vicepresidenta.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura rechazó categóricamente las acusaciones de presiones políticas y afirmó que no se prestará a ningún tipo de manipulación judicial. En un comunicado, el Consejo expresó su compromiso con la independencia del poder judicial y con la no intervención en los fallos de los tribunales, reiterando que las decisiones judiciales se toman de acuerdo con la ley y no bajo influencias externas.
A pesar de la polémica, la sentencia que reinstala a Verónica Abad como vicepresidenta se mantuvo firme por el momento, lo que significó un revés para el gobierno de Daniel Noboa. La vicepresidenta suspendida ha defendido en varias ocasiones que su destitución fue una medida arbitraria y que su restitución en el cargo es un paso hacia la reparación de sus derechos políticos. Sin embargo, la ministra Ivonne Núñez insiste en que el gobierno actuó conforme a la ley y no cometió irregularidades en su gestión.
Este enfrentamiento entre el gobierno y el poder judicial añade una nueva capa de complejidad al panorama político de Ecuador. La resolución sobre la legalidad de la suspensión de Abad no solo afectará la situación política interna, sino que también podría tener repercusiones en la relación entre las distintas ramas del poder en el país. Con la apelación pendiente, el caso podría prolongarse aún más, manteniendo en vilo a la opinión pública y a los actores políticos involucrados.
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