Organizaciones sociales y de derechos humanos han cuestionado el decreto de conflicto armado interno. Debido a este mecanismo, según las estadísticas, el año 2024 finalizó con una tasa de homicidios intencionales de 38,5% por cada 100.000 por cada habitantes.
Este jueves 9 de enero se cumple un año de haber sido efectuado este decreto por Gobierno de Daniel Noboa. Esta medida se tomó con la intención de combatir la delincuencia en el país y las bandas delictivas, sin embargo, esta acción ha sido criticada debido a su falta de efectividad, legalidad y abusos de poder.
El mandatario tomó esta medida como consecuencia de una serie de ataques contra negocios, gasolineras, vehículos particulares, Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y el evento mas grave efectuado por un grupo de delincuentes que entró a las instalaciones del canal TC Televisión tomando como rehenes a su personal operativo y periodistas, durante una transmisión en vivo.
Este hecho fue el detonante para que Noboa anuncie un conflicto armado interno, bajo el Decreto Ejecutivo 111, para que la fuerza publica intente retomar el control en el país.
Según Daniel Pontón, especialista en temas de seguridad, menciona que esta función debido al estado en el que se encontraba el país fue necesaria en un inicio, sin embargo, luego se volvió «repetitiva y predecible», volviéndose una herramienta comunicacional y no una para disminuir la delincuencia.
A pesar del decreto, el 2024 terminó con 6.900 asesinatos y una tasa de homicidios intencionales de 38,4% por cada 100.000 habitantes. Convirtiéndose en el segundo año mas violento en la historia del país, siendo superado por el 2023.
El conflicto armado interno contra 22 bandas delictivas
Vulneraciones a los derechos humanos
El conflicto armado interno ha estado acompañado de otros siete decretos de estados de excepción y tres renovaciones, donde se ha registrado abusos por parte de la fuerza publica.
En redes sociales, se han viralizado videos que exponen como los uniformados maltratan a jóvenes en zonas marginales del país, obligándolos a cantar canciones o a fregarse con metales los tatuajes.
En un reporte de la periodista Karol Noroña, del 9 de enero al 31 de julio de 2024 hubo 145 investigaciones por delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Asimismo, la Fiscalía abrió 12 causas por ejecuciones extrajudiciales.
En la actualidad, para Pontón, el conflicto armado interno es una media peligrosa “por su impacto en derechos humanos y los costos institucionales que esto trae a las Fuerzas Armadas”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) señaló que, en 2024, nueve jóvenes desaparecieron tras ser detenidos en operativos militares. Sin embargo, cuatro de ellos (los niños de Las Malvinas) fueron localizados sin vida.
Casos de desaparición en operativos militares
Caso de los 4 niños desaparecidos en Las Malvinas
El caso del asesinato de los 4 niños de Las Malvinas relacionado con la desaparición forzada, ha sido unos de los casos mas graves en medio del conflicto armado interno.
Steven Medina (11 años), Saúl Arboleda (15 años), Josué Arroyo (14 años) e Ismael Arroyo (15 años) el domingo 8 de diciembre habían salido a jugar un partido de futbol, en un sector aledaño al Mall del Sur, en Guayaquil, sin embargo un grupo de 16 militares los detuvo y los llevaron hasta la parroquia de Taura en Naranjal.
Donde los cuatro niños fueron torturados, asesinados e incinerados. Sus cadáveres fueron hallados el 24 de diciembre y, siete días después, la Fiscalía confirmó sus identidades.
Por la desaparición forzada y el asesinato de estos menores los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) están procesados. Se les ha dictado prisión preventiva y se encuentran recluidos en la cárcel de Latacunga, hasta que se den por finalizadas las investigaciones del caso.
Foto cortesía
Cuestionamientos a la medida
En todas las revisiones de la causal de la declaratoria del conflicto armado interno realizadas por La Corte Constitucional, en al menos tres ocasiones, la cuestionó.
El organismo señaló, el 29 de febrero de 2024, que no depende de declaraciones o reconocimientos políticos la existencia de un conflicto. El 21 de marzo, en otro pronunciamiento, la Corte observó que Noboa no justificó las causales para declarar este conflicto.
“El presidente de la República, hasta el momento, no ha brindado información suficiente para justificar la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales y, por tanto, la configuración de la causal de conflicto armado interno”, se indicó en el dictamen 2-24-EE/24.
El 9 de mayo, la Corte Constitucional declaró que esta causal es desfavorable. Además, el organismo hizo énfasis en que Noboa no proporcionó la información necesaria para justificar la existencia uno o mas conflictos en el país.
“Al no presentarse una justificación que acredite la concurrencia de los dos elementos necesarios para la configuración de esta causal, esta Corte determina que no se ha cumplido con el requisito”, concluyó el organismo.
A esto también se han pronunciado organizaciones que velan por los derechos humanos como es Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch (HRW), quien expresó que «Estamos viendo reportes de abusos gravísimos de fuerzas estatales. Es hora que el Gobierno revise las políticas que está impulsando».
A esto se le siguen criticas y cuestionamientos nacionales e internacionales, resaltando el abuso de parte de la fuerza pública y su uso ilegitima de fuerza.
Fuente: Radio Pichincha