Las normas del Título IX de la Administración Biden, que ampliaban las protecciones para estudiantes LGBTQ+, han sido anuladas a nivel nacional después de que un juez federal en Kentucky determinara que excedían la autoridad del presidente.
En una decisión emitida el jueves, el juez de distrito de Estados Unidos, Danny C. Reeves, invalidó por completo la regulación de 1.500 páginas, calificándola de «fatalmente» defectuosa desde el punto de vista legal. La norma ya había sido bloqueada en 26 estados tras una serie de desafíos legales por parte de estados republicanos.
El presidente electo Donald Trump había prometido anteriormente eliminar las normas «el primer día» y centró su campaña en ataques contra la población transgénero del país.
La decisión respondió a una demanda presentada por Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, Virginia y West Virginia.
El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, calificó la decisión como un rechazo al «empeño implacable de la administración Biden por imponer una ideología de género radical».
El Departamento de Educación no hizo comentarios inmediatos sobre la decisión.
Algunas organizaciones de derechos civiles calificaron el fallo como un retroceso. GLAAD, un destacado grupo defensor de los derechos LGBTQ+, señaló que los estudiantes transgénero y no binarios están entre los más acosados y hostigados.
La Administración Biden desató controversia al finalizar las nuevas normas el año pasado. La regulación amplió el Título IX, una ley de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en la educación, para incluir también la protección contra la discriminación por identidad de género u orientación sexual. Además, amplió la definición de acoso para incluir una gama más amplia de conductas inapropiadas.
En su fallo, Reeves determinó que el Departamento de Educación excedió su autoridad al ampliar el alcance del Título IX.
«No hay nada en la ley de 1972 que sugiera que debería cubrir más de lo que ha cubierto desde que el Congreso la creó», escribió Reeves. También calificó la norma como un «intento de eludir el proceso legislativo y transformar por completo el Título IX».
El juez también concluyó que violaba los derechos de libertad de expresión al exigir a los maestros usar pronombres acordes con la identidad de género de los estudiantes.
En lugar de modificar ciertos aspectos de la norma, Reeves decidió desecharla por completo y volver a una interpretación previa del Título IX. Señaló que su decisión simplemente «provocará un regreso al statu quo» que existió durante más de 50 años antes de la entrada en vigor de la norma. Un hecho que, sin embargo, es visto por los activistas y defensores de la población LGBTIQ+ como un profundo retroceso en sus derechos.
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