El 14 de febrero de 2025, Manta vivió una jornada marcada por la violencia, con cuatro ataques armados que resultaron en al menos ocho muertes y 14 personas heridas.
Los incidentes ocurrieron en varios barrios de Manta, considerados por la Policía Nacional como los más problemáticos de Manabí debido a los enfrentamientos entre grupos criminales.
Ataque armado durante fiesta infantil
El primer ataque ocurrió a las 16:00 en el barrio Santa Clara, durante una fiesta infantil, dejando a seis personas heridas, entre ellas una niña de siete años que recibió un disparo en el hombro.
Asesinato a mano armada en Miraflores
Una hora más tarde se reportó un asesinato en el barrio Miraflores, donde dos supuestos sicarios ingresaron a la vivienda de Edisson S. M. y le dispararon en 30 ocasiones.
El coronel Willian Salazar, jefe de Operaciones de la Policía de Manta, indicó que Salvatierra no tenía antecedentes penales y que el ataque ocurrió mientras él trabajaba en su casa. Salazar detalló que los agresores utilizaron pistolas automáticas de calibre nueve milímetros.
Asesinato de Vendedores de Pescado
A las 18:00, un tercer tiroteo se registró en el barrio 20 de Mayo, donde fueron asesinados Pedro L. y Josué P. mientras jugaban fútbol. De acuerdo con Salazar, los atacantes, que se trasladaban en una camioneta roja, usaron fusiles. Ambos hombres eran comerciantes de pescado.
Masacre en Eloy Alfaro
Finalmente, a las 20:00 se dio una masacre en el barrio El Progreso, ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, donde un grupo desconocido armado disparó más de 40 veces contra un grupo de personas.
Diez personas fueron trasladadas a diferentes centros de salud por heridas graves. Entre los cinco fallecidos se encontraban cuatro adultos y una niña de tres años.
Hasta la fecha en 2025, Manta y sus alrededores han registrado al menos 70 muertes violentas. La ciudad, que cuenta con una población de 250 mil habitantes, se ha convertido en la más peligrosa de la provincia de Manabí, seguida por los cantones de Portoviejo y Sucre, según informes de la Policía.
Fuente: El Comercio