El político ecuatoriano Andrés Arauz denunció un supuesto fraude contable en el proceso de adjudicación del campo petrolero Sacha, uno de los activos energéticos más importantes del país. En una conferencia de prensa, Arauz afirmó que irregularidades financieras habían inflado artificialmente los costos y distorsionado la rentabilidad del campo, beneficiando a intereses privados a expensas del Estado. Pidió una investigación inmediata de los contratos e instó a las autoridades a tomar medidas legales contra los responsables.
Según Arauz, las discrepancias en los registros financieros apuntaban a una manipulación deliberada destinada a justificar la privatización de los ingresos petroleros. Argumentó que la mala gestión del campo Sacha representaba un grave riesgo para la soberanía económica de Ecuador y acusó a los funcionarios del gobierno de facilitar un proceso que favorecía a las empresas extranjeras por sobre los intereses nacionales. Los documentos presentados por Arauz supuestamente mostraban inconsistencias en las ganancias proyectadas y los costos operativos, lo que generó preocupaciones sobre la corrupción dentro del sector.
Las acusaciones provocaron rápidamente una controversia política, con figuras de la oposición exigiendo transparencia mientras representantes del gobierno desestimaron las acusaciones por considerarlas políticamente motivadas. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas defendieron el proceso de adjudicación, insistiendo en que todos los procedimientos siguieron estándares legales y técnicos. Mientras tanto, Petroecuador, la empresa petrolera estatal, anunció que revisaría las acusaciones, pero sostuvo que no se había cometido ninguna irregularidad.
La reacción pública estuvo dividida, con algunos sectores de la sociedad civil pidiendo una auditoría independiente para verificar las afirmaciones de Arauz. La controversia se sumó a las crecientes preocupaciones sobre la gestión de los recursos naturales de Ecuador, alimentando debates sobre el papel del control estatal frente a la inversión privada. A medida que aumentaba la presión legal y política, los analistas advirtieron que el escándalo podría tener implicaciones más amplias para las políticas energéticas y la estabilidad económica del país.