En el contexto del caso «Purga», la Fiscalía General del Estado presentó evidencia sustancial que revela posibles irregularidades en el manejo de la justicia dentro de la Corte Provincial de Guayas. La investigación destapó una red ilícita que aparentemente operaba en la administración judicial, priorizando intereses privados a cambio de compensaciones económicas y materiales.
La evidencia aportada por la fiscalía abarca transcripciones de conversaciones, declaraciones de los involucrados y documentos que prueban la manipulación de decisiones judiciales.
La investigación también pone de manifiesto el uso de conexiones influyentes para modificar procesos judiciales y administrativos en beneficio de ciertos grupos. Según la Fiscalía, esta red operaba de manera organizada, con una jerarquía claramente definida dentro del sistema judicial.
El ex asambleísta Pablo Muentes, la ex Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, y el ex juez Johann Marfetán recibieron una pena de 13 años y cuatro meses de prisión. Esta sentencia fue emitida por el delito de crimen organizado.
La investigación detalla que Pablo M., ex legislador de Guayas, mantenía relaciones cercanas con jueces de la provincia, incluyendo a Fabiola G. y Johann M. La Fiscalía sostiene que esta conexión facilitó el nombramiento de Fabiola G. como Presidenta de la Corte Provincial de Justicia en 2022.
También se menciona a Mercedes V. y Mayra S., quienes supuestamente contribuyeron a la consolidación del grupo que tomó el control de las decisiones judiciales y administrativas.
Esta estructura permitió la designación de jueces que favorecieran los intereses de los participantes, facilitando decisiones que beneficiaban a terceros a cambio de recompensas.
Uno de los casos más destacados dentro de la investigación es la acción de habeas data presentada por Pablo M. contra el Banco del Pacífico. Según la Fiscalía, esta acción se basó en notas de crédito falsificadas y fue favorecida por el juez Reinaldo C. C., quien más tarde fue promovido a juez provincial de Guayas.
En otro incidente, la jueza Andrea P. supuestamente anuló de manera irregular el registro de terrenos valorados en 200.000 dólares, permitiendo que Fausto A. G., primo de Pablo M., se apropiara de ellos.
Según la Fiscalía, la eliminación de información catastral se llevó a cabo sin justificación legal.
La investigación también revela el uso de tácticas para influir en la opinión pública y asegurar la continuidad de la estructura delictiva a largo plazo. Se habría implementado un sistema de «granjas de trolls» para desacreditar a los opositores y manipular la percepción de las decisiones judiciales.
Además, la Fiscalía presentó pruebas sobre la gestión de la campaña de Hugo G. para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia, con el objetivo de mantener el control sobre la administración judicial. Se habría impulsado la implementación de sistemas biométricos como parte de la estrategia para consolidar el poder.
Finalmente, la evidencia incluye registros de reuniones en las que se discutía la manipulación de sorteos judiciales, el cierre de investigaciones administrativas y la asignación de jueces en casos clave. La Fiscalía argumenta que estos hechos demuestran un esquema sistemático de corrupción dentro del sistema judicial de Guayas.
En la etapa final del juicio, la Fiscalía General del Estado presentó su alegato de cierre, destacando la capacidad de los acusados para ejercer influencia en el sistema judicial. Se detalló que Reinaldo C. C., Henry R. T., Nelson M. P., Ramos A. T., Fausto A. G., Ruth C. S. P., Saúl A. M. Z., Guillermo P. V., Juan J. R. y Andrea M. P. habrían colaborado con la red criminal para alterar sentencias en beneficio de sus propios intereses.
Las pruebas presentadas incluían testimonios, análisis forenses informáticos y registros de comunicaciones entre los acusados. Se reveló la contratación de Mayra S. en la Corte Provincial de Justicia, así como su participación en la manipulación de sorteos judiciales. Se presentaron grabaciones de audio de conversaciones en las que se discutían estrategias para eludir investigaciones y mantener el control sobre el sistema judicial.
Como resultado, la Fiscalía solicitó una pena de prisión de 13 años y 4 meses para Pablo M., Fabiola G. y Johann M. Para el resto de los acusados, se solicitaron penas que oscilaban entre los 9 y los 7 años, dependiendo de su grado de participación.
También se incluyó una solicitud de compensación económica para las entidades afectadas y la inhabilitación de los implicados para ocupar cargos públicos.
El fiscal Wilson Toainga destacó que este caso representa un precedente en la lucha contra la corrupción judicial. Enfatizó la importancia de erradicar las prácticas que socavan la independencia del sistema judicial y de consolidar un poder judicial ético y transparente.