El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resuelve en sesión plenaria de hoy presentar acusación particular en la investigación penal en curso conocida como el caso «Ligados». Esta decisión surge tras la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre una presunta asociación ilícita que involucra a la actual concejala Nicole Bonifaz y a exmiembros de la denominada «Liga Azul», entre ellos Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos. El CPCCS afirma que esta acción legal es esencial para salvaguardar la integridad de la institución y garantizar la transparencia en el nombramiento de las autoridades de control.
El caso «Ligados» se centra en acusaciones de que estas personas coordinaron esfuerzos para manipular los procesos de nombramiento dentro del CPCCS con fines políticos. La evidencia presentada por la Fiscalía General incluye comunicaciones interceptadas que sugieren planes para ejercer influencia sobre instituciones estatales mediante el nombramiento de aliados en puestos clave. Estas acciones están presuntamente vinculadas al movimiento político Revolución Ciudadana, lo que indica una estrategia más amplia para controlar los organismos gubernamentales.
Durante la sesión plenaria, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni Baldeón, enfatizó la importancia de abordar estas acusaciones para mantener la credibilidad del consejo. Destacó que la acción busca defender la legalidad del funcionamiento del Consejo y su mandato constitucional de designar autoridades con transparencia. La resolución cuenta con el apoyo de los concejales Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán, Johanna Verdezoto y Gonzalo Albán, lo que refleja una postura unificada contra la presunta mala conducta.
La Fiscalía General del Estado inició la investigación tras una denuncia de Roberto Romero von Buchwald, actual Superintendente de Bancos. Alega que los concejales implicados intentaron socavar su nombramiento promoviendo a un candidato alternativo, Raúl González, a pesar de las impugnaciones legales que anularon la designación de González. Esto condujo a un allanamiento en las oficinas del CPCCS el 24 de enero de 2025, durante el cual se incautaron dispositivos electrónicos y se descubrieron comunicaciones que constituyen la base del caso de la fiscalía.
A medida que avanza el proceso judicial, la decisión del CPCCS de participar como querellante privado subraya la gravedad de la situación y el compromiso del consejo con la integridad institucional. El resultado de este caso podría tener importantes implicaciones para el panorama político ecuatoriano, en particular en lo que respecta a la influencia de los movimientos políticos dentro de las instituciones estatales. El público y los analistas políticos siguen de cerca los acontecimientos, anticipando nuevas revelaciones a medida que se desarrolla el proceso judicial.