Los casos de extorsión contra familias ecuatorianas están aumentando a un ritmo alarmante, y las autoridades reportan un aumento significativo de denuncias en ciudades importantes como Guayaquil, Quito y Manta. Los grupos criminales emplean tácticas cada vez más agresivas, amenazando a las víctimas con violencia y exigiendo pagos a cambio de su seguridad. El aumento de la extorsión coincide con una ola de inseguridad más amplia, mientras Ecuador continúa lidiando con el crimen organizado y la violencia de pandillas.
Según la Policía Nacional, las denuncias por extorsión se duplicaron en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Muchas familias reciben llamadas telefónicas, mensajes o incluso visitas amenazantes de individuos que se hacen pasar por miembros de cárteles y exigen pagos mensuales. En algunos casos, los delincuentes obtienen información personal de las redes sociales y la utilizan para intimidar a las víctimas con amenazas explícitas contra sus seres queridos. Las autoridades reconocen que el miedo a las represalias impide que muchas víctimas se presenten, lo que dificulta los esfuerzos para desmantelar las redes de extorsión.
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha intensificado las operaciones de seguridad para combatir el crimen organizado, desplegando unidades policiales especializadas en los barrios más afectados por la extorsión. El gobierno también ha instado a la ciudadanía a denunciar incidentes a través de una línea telefónica anónima, prometiendo mayor protección a los denunciantes. Sin embargo, organizaciones locales de derechos humanos critican la respuesta del Estado, argumentando que las medidas se centran en la represión en lugar de abordar las causas profundas de la actividad delictiva, como la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes en riesgo de ser reclutados por pandillas.
Los empresarios y los trabajadores del transporte se encuentran entre los blancos más frecuentes, pero la creciente tendencia a extorsionar a familias comunes ha aumentado la preocupación pública. Muchos residentes dicen sentirse abandonados por el Estado, y algunos incluso consideran abandonar el país para escapar del miedo constante. En Guayaquil, donde la influencia de las pandillas se ha extendido a zonas residenciales, algunas comunidades han recurrido a la contratación de empresas de seguridad privada o a la formación de grupos de vigilancia vecinal para protegerse de los extorsionadores.
Mientras Ecuador lucha por contener la crisis, los expertos advierten que la extorsión seguirá aumentando a menos que el gobierno implemente estrategias a largo plazo para debilitar a las organizaciones criminales. Con la tasa de homicidios del país ya en niveles históricos, las autoridades enfrentan una creciente presión para restablecer el orden y tranquilizar a una población que vive cada vez más bajo la sombra del crimen.