Ecuador se enfrenta a una ola de violencia sin precedentes, lo que convierte al primer trimestre de 2025 en el más mortífero de su historia moderna. De enero a marzo, el país registró 2361 muertes violentas, lo que refleja un marcado aumento del 65 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando se registraron 1428 homicidios. Este sombrío hito también supera en un 39 % las cifras de principios de 2023, un año considerado previamente el más violento que Ecuador había experimentado. La escalada es particularmente marcada en las regiones costeras, donde las brutales masacres urbanas y los asesinatos múltiples se han vuelto alarmantemente frecuentes.
Solo en marzo de 2025 se registraron 831 asesinatos, igualando con octubre de 2023 el mayor número de homicidios mensuales desde que Ecuador comenzó a registrar datos estandarizados sobre delincuencia en 2010. Este pico es una prueba más de que la violencia no solo persiste, sino que se intensifica. Las cifras ilustran el profundo deterioro de la seguridad en el país, a pesar de los intentos del gobierno por recuperar el control. Las autoridades continúan aplicando medidas de seguridad extraordinarias, incluyendo estados de emergencia en provincias clave, en un esfuerzo por contener la creciente amenaza que representa el crimen organizado.
Sin embargo, expertos advierten que la estrategia del gobierno podría estar agravando la situación. La analista de seguridad Michelle Maffei critica la respuesta militar de mano dura del gobierno, argumentando que el uso excesivo de la fuerza ha fragmentado a las organizaciones criminales en lugar de desmantelarlas. Esta fragmentación fomenta la creación de nuevas bandas y conduce a enfrentamientos más frecuentes y violentos. Maffei advierte que esta estrategia reactiva aborda los síntomas en lugar de las causas profundas, lo que en última instancia perpetúa un ciclo de violencia.
Los recursos del gobierno parecen cada vez más limitados a medida que la crisis se profundiza. El decreto de estado de emergencia del 12 de abril reconoce que la capacidad del país para contrarrestar las acciones de poderosos Grupos Armados Organizados como Los Lobos y Los Choneros está llegando a su límite. Estos grupos continúan operando con relativa impunidad, llevando al borde la capacidad del Estado para la aplicación de la Ley y la respuesta militar. Las autoridades se enfrentan ahora a un escenario en el que las instituciones públicas luchan por contener una emergencia de seguridad extensa y volátil.
Por otro lado, un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador sugiere que estas organizaciones criminales, incluido el grupo transnacional Los Tiguerones, están intensificando deliberadamente la violencia como parte de una estrategia de desestabilización más amplia. Su supuesto objetivo es perturbar al gobierno, intimidar a los votantes antes de la segunda vuelta presidencial y exacerbar la inestabilidad política. Según el informe, este aumento del terror público también crea oportunidades para el tráfico ilícito al desviar la atención del Estado y abrir rutas para el tráfico de drogas y armas.