Un juez dispuso la prisión preventiva para las 36 personas detenidas la madrugada del 24 de septiembre, durante un operativo ejecutado en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, las cuales están investigadas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, cuyo fin habría sido el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Dicha resolución se da luego que la Fiscalía formuló cargos en contra de los detenidos. Dijo que este proceso fue el resultado de una investigación de varios meses, durante la cual se efectuaron vigilancias, seguimientos e interceptaciones de llamadas, todas debidamente autorizadas por un juez competente.
“Estas diligencias permitieron identificar a un grupo que se habría organizado para el tráfico de drogas”, mencionó.
Los miembros de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Comando Sur de Estados Unidos realizaron allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón, en Guayas; Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo y Vinces, en Los Ríos; y Machala, en El Oro.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que entre los detenidos están el presunto cabecilla y el financista de la estructura.
La Policía detuvo al presunto cabecilla en una urbanización de la isla Mocolí, en Samborondón, mientras que los agentes localizaron al financista en la urbanización Riberas del Batán.
Según Reimberg, la estructura tendría vínculos con una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de origen mexicano.
La Fiscalía manifestó que la investigación de este caso se extendió durante aproximadamente ocho meses. Según la información entregada por el ministro, las indagaciones permitieron identificar una estructura que se dedicaría al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de droga procedente de Colombia.
Además, se dijo que sus integrantes habrían acopiado grandes cantidades de droga en inmuebles ubicados en Los Ríos y Guayas, para luego transportarlas por vía terrestre y contaminar contenedores de exportación con destino a Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Para ello, habrían utilizado puertos y aeropuertos de Guayas y El Oro.
Como resultado de estas acciones, entre febrero y julio de 2026 se aprehendieron cerca de 6.190 paquetes de cocaína, en diferentes fechas.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso expuso los elementos de convicción que sustentaron el inicio de la instrucción fiscal y la solicitud de medidas cautelares.
Además de la prisión preventiva, el Juez ordenó la prohibición de enajenar bienes, en especial los vehículos que actualmente se encuentran bajo cadena de custodia, así como el congelamiento y la retención de los valores que los procesados mantengan en el Sistema Financiero Nacional.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
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